La Constitución

En la formación de cualquier gobierno, el presidente, vicepresidente y sus ministros juran o prometen guardar y hacer guardar la Constitución.

Por tanto, es deber del Ejecutivo evitar en todo momento que el Legislativo promulgue leyes que sean contrarias al orden constitucional y el propio Gobierno deberá abstenerse igualmente de promulgar decretos que se puedan considerar anticonstitucionales. Para esto último, el Gobierno dispone de un amplio y experto asesoramiento del cuerpo de abogados del Estado.

Las consecuencias de este incumplimiento deben ser consideradas muy graves y suponer la destitución inmediata del Gobierno y la inhabilitación permanente de su miembros para cualquier cargo institucional.

Pues bien, desde hace cuatro años estamos asistiendo a la declaración de «inconstitucional» por el Tribunal Constitucional de varios decretos promulgados por el actual Gobierno, sin que esta declaración haya tenido ningún tipo de consecuencias.

Lo más grave del asunto es que para evitar nuevas declaraciones contrarias a sus decretos, el actual Gobierno pretende sin reservas cambiar la composición de los miembros del Alto Tribunal por otros más afines en la interpretación de nuestra sagrada Constitución.