La hiriente burla de la ocupación de inmuebles

Imaginemos que oímos los siguientes anuncios comerciales: «Qué tranquilidad desde que contratamos la empresa Segurona para evitar que secuestren a nuestros hijos a la salida de casa»; o «para evitar que me atraquen a la salida del banco»; o «para evitar que no me roben el coche aparcado en el garaje», etc. Este tipo de publicidad reflejaría que nos encontramos en una situación tan sumamente amenazante, que tendríamos que acudir a contratar los servicios de empresas privadas para que se nos garantizase el disfrute pacífico de nuestros derechos. O lo que es lo mismo, que viviríamos en un país con un Estado de derecho fallido o a punto de hacerlo, incapaz de garantizar a los ciudadanos el uso de todos sus derechos. Lo que, obviamente, implicaría la gran injusticia de que los únicos capacitados realmente para usar y disfrutar de sus derechos serían aquellos que pudieran permitirse el gasto en tales contrataciones.

Pues bien, algo no muy diferente sucede ya respecto a la ocupación de inmuebles y las empresas de seguridad de este sector; aunque lo hemos asimilado con indiferente aceptación, pese al agravante añadido de que es la propia ley la que ampara a los «okupas» gracias a una supuesta «misericordia» de nuestros «humanitarios» Gobiernos. Y para colmo de la injusticia que significa todo este asunto, quienes más padecen tan hiriente y regulada burla son las sufridas clases medias: el sector social más machacado por los impuestos. Todo fascinantemente progresista.