La otra crisis: una ley de educación abortiva

Algunas personas se echaron las manos a la cabeza cuando leyeron que en la nueva Ley de Educación, la Lomloe, se menciona que van a cerrar los centros de educación especial en un plazo de diez años. La intención de este Gobierno es que los discentes con diversidad funcional se incorporen a los colegios, para conseguir así una inclusión que ponga de relieve esa igualdad que tan de moda está. Eso sí, algunos centros de educación especial permanecerán como centros de referencia y de formación, además de acoger en sus instalaciones a los alumnos con una diversidad funcional más grave.

Muchas son las personas que están escandalizadas porque el principio de igualdad, ése que la ministra Irene Montero defiende con saña, brilla por su ausencia en la nueva regulación de la ley de la finalización violenta del embarazo. Y no porque ponga por delante el derecho a decidir de la madre sobre el derecho a la vida del hijo, que también, sino porque los plazos que permiten el aborto libre se amplían si el niño concebido viene con alguna diversidad funcional.

Parece que el macabro círculo se cierra, pues algunos ya entienden ahora por qué la Lomloe exige el cierre de esos centros de educación especial en el plazo de diez años: porque en España, dentro de poco y gracias a esta nueva ley del aborto, ya no quedará ni un solo niño con diversidad funcional.