Justicia vs. arbitrariedad

Es difícil hallar un caso de abuso de poder tan evidente como el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en mayo de 2020, por una supuesta «falta de confianza», motivada en realidad por su negativa a cometer una ilegalidad. En el Instituto armado, como en las Fuerzas Armadas, los puestos de libre designación son asignados de acuerdo a criterios de idoneidad y competencia profesional, y no de «mera confianza subjetiva», tal como expone acertadamente la reciente sentencia del TS que desautoriza la decisión del ministro Grande Marlaska. El caso resulta aún más hiriente por tratarse de un ministro exmagistrado de la Audiencia Nacional, y porque no dudó en mentir cínicamente cuando justificó el cese como «única y exclusivamente debido a la constitución de nuevos equipos de los que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha querido rodearse». Hoy, Gámez, «la mejor directora de la Guardia Civil desde su fundación» –Marlaska dixit– está dimitida y bajo sospecha por la imputación de su marido en casos de corrupción, dado su espectacular incremento patrimonial en los últimos años, y el Supremo obliga a restituir al coronel tres años después de su cese. Sin embargo, el ministro seguirá en su puesto sin reconocer su error –uno más en su nómina–, su soberbia se lo impide. Y es que lamentablemente en la política española no rige un código ético como las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, cuyo artículo catorce reza: «La Justicia debe imperar en los Ejércitos de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad». Sería demasiado pedir.