Impuesto sobre las grandes fortunas

Esta semana, concretamente el martes, tuvimos noticia de que el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las comunidades de Galicia y Madrid contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado el pasado 27 de diciembre por el Gobierno. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir ahora sobre la constitucionalidad de una norma que, con casi total seguridad, será declarada contraria a la Carta Magna, siendo más que suficiente para llegar a tal conclusión una simple lectura de la exposición de motivos de la norma. Efectivamente, este impuesto, configurado como complementario al del patrimonio, no susceptible de cesión a las comunidades autónomas, resulta ser básicamente un tributo sobre el «patrimonio bis» creado ad hoc para que los ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que lo tienen bonificado total o parcialmente paguen de una u otra forma por sus bienes, reconociéndose tal finalidad en la propia exposición de motivos. Por lo tanto, resulta claro y manifiesto que el impuesto de solidaridad invade el sistema de financiación de las comunidades autónomas mediante el establecimiento de un tributo cuyo hecho imponible es idéntico a otro impuesto que ya existía, lo cual redunda en la vulneración del principio de capacidad económica. Por si lo anterior fuera poco, la finalidad del nuevo gravamen no es otra que la recaudatoria. Así, tal y como se expone en los motivos que la fundamentan, la crisis energética y la inflación exigen de aquellos que tienen más capacidad económica un mayor esfuerzo. Sin perjuicio de la retahíla de calificativos –de toda índole– que espontáneamente surgen tras la lectura de tal afirmación, es importante poner de relieve que, precisamente, la crisis energética y la inflación han llevado al Estado a batir todos los récords en cuanto a recaudación fiscal en el año 2022. En conclusión, los contribuyentes, como siempre, son los verdaderos perjudicados de una lucha entre Estado y comunidades autónomas que nos muestra el carácter ilimitado del poder exento de sentido común.