Valor y precio

Obviamente, que, en las democracias parlamentarias, gobierna el partido que más suma junto con los otros partidos del Congreso. No obstante, no todo vale en cuanto a sopesar valor y precio, cuyo equivalente sería respetar los principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución. Si el precio —para el mero interés de una persona y partido por ostentar el poder, y, de la otra parte, para evitar sus graves responsabilidades penales— es poner en riesgo en breve plazo la indisoluble unidad de la nación española, y su solidaridad económica, lo cual equivaldría a ignorar olímpicamente la Carta Magna, poniendo en riesgo además la paz social y otros derechos fundamentales, de mero sentido común de quien se le presupone y exige un mínimo sentido de Estado. Imaginemos un ejemplo extremo y observemos cómo el presente caso lo supera como si fuera una comedia de los hermanos Marx: supongamos que Al Capone fuese un político corrupto, además de mafioso y evasor fiscal, y que por mera aritmética política se precisara por parte de los demócratas los votos de su minúsculo partido político para formar gobierno, razón por la cual se archivase su causa y la de sus socios previamente condenados, y pasase así a influenciar y marcar la política de EE.UU. Pues bien, en nuestro caso es mucho más grave, puesto que Puigdemont era el cabecilla no de una simple evasión fiscal, sino de una verdadera «organización» que pretendió dar un golpe de Estado que afortunadamente no pasó de la sedición; por mucho que, con la excusa inveraz de la supuesta menor sanción en Europa, el Gobierno lo transformara en meros disturbios públicos. Personaje que además es un fugado de la justicia y en busca y captura.

No termina aquí el disparate comparativo, puesto que, además, en este caso se condonaría una deuda de 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), premiando así una nefasta gestión de desviar fondos públicos —por ejemplo, a embajadas inexistentes—, en vez de destinarlos a notorias faltas de financiación: hospitales, guarderías, 30 por ciento de pobreza infantil… Y todo ello con el consiguiente coste muy considerable para el resto de ciudadanos, y paralelo agravio al resto de comunidades autónomas, que han gestionado sus competencias con más realismo y eficacia, como el caso de Madrid.

En definitiva, unos políticos, saltándose la legalidad vigente,

pretendiendo anular al máximo órgano del Poder Judicial, buscan amnistiar a otros políticos (al genuino estilo feudal, pese a que aseveran representará un «progreso») y, además, beneficiarlos con dinero público, con fines que no son precisamente de interés general.

Algo que linda con el cohecho (pasivo y activo), tipo penal que abarca tanto solicitar, aceptar u ofrecer dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública y a su vez susceptible de ser entendido como prevaricación, puesto que la condonación de la deuda, de consumarse, sería una resolución administrativa injusta, que no se limitaría exclusivamente a la estricta esfera política.