Con la ley no se juega

Polemizar, contender, rivalizar y porfiar por la inclusión de novedosas e insólitas conceptuaciones del delito de «terrorismo» en la noción de «amnistía» es algo perfectamente prescindible, además de inepto, inútil y estéril. La «amnistía» –cualquier tipo y por cualquier concepto– es inconstitucional, es decir, algo ajeno, extraño y foráneo al sistema político que elegimos libre y responsablemente darnos a partir de 1978. ¿Por qué? Porque éste es democrático y está basado en el imperio de la ley. Por eso no aparece en él la «amnistía», porque es redundante. Por eso no cabe amnistiar a nada ni a nadie, porque no es necesario. Pretender hacerlo con un «terrorismo inocuo» –el que según el Gobierno ni mata ni tortura, pero aterroriza, aniquila y destruye con similar ferocidad–, deviene así una injuria jurídica, un ultraje moral, un insulto a la inteligencia, una vejación social y un escarnio político. Ni cabe en la Constitución, ni lo ampara el Estado de derecho, ni tiene encaje alguno en la legislación europea –que ha sido transpuesta y está en vigor en Derecho español–. Por añadidura, esa categorización artificial e infamante del «terrorismo» en incruento –presuntamente amnistiable– y sangriento –línea roja infranqueable– es contraria a cualquier interpretación tanto literal, sistemática, histórica, analógica como teleológica de la norma legal que lo tipifica. Sólo redunda en desvirtuar, falsificar y adulterar su significado y alcance jurídicos en aras de su correcta penalización. Es decir, descompone, desbarata y corrompe la legislación democrática vigente que a todos nos protege vaciando de sentido y contenido la norma original. Es la desvergonzada negación del acervo jurídico que nos permite ejercer nuestros derechos con seguridad y confianza como ciudadanos libres e iguales ante la ley nada menos que desde la Transición. Si ahora rompemos la baraja, después, ¿qué?