Una legislatura abortada

La aprobación de los presupuestos generales del Estado no es algo que pueda ser objeto de presentación optativa por parte del gobierno sino que es de necesario cumplimiento. Es como si un juez se negara a dictar una sentencia por poner un ejemplo. Si un juez pretendiera una abstención en resolver un conflicto judicial que es de su exclusiva competencia la consecuencia sería una sanción disciplinaria por falta muy grave e, incluso, ser procesado por un grave delito. Por lo tanto este Gobierno no puede negarse a presentar un proyecto de presupuesto porque es de su obligación, independientemente de que tenga o no tenga garantizado los votos suficientes para su aprobación. Nunca ha ocurrido algo parecido en democracia y lo que demuestra es que este Gobierno no ejerce sus funciones constitucionales sino que sólo se dedica a hacer política partidaria ignorando el interés general. Estamos en una legislatura abortada donde un presidente que perdió las elecciones está sometido al arbitrio de un partido cuyo líder es un prófugo de la Justicia pero que controla 7 votos que necesita para gobernar. La mejor opción ante esta cruda realidad es disolver las Cortes y convocar para otoño nuevas elecciones generales. Se puede vivir con un mal gobierno pero nunca con un no gobierno o desgobierno que es en lo que se ha convertido Pedro Sánchez y su concepto de dirigir a un país. Esta realidad es incuestionable.