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Cartas al director

Pillería de la Administración

A finales del pasado año, en una reunión de amigos jubilados, mientras tomábamos un café, me enteré que algunos habían recibido un dinero extra en sus pensiones, debido a una Ley de la Seguridad Social publicada en octubre del 2015, por Real Decreto Legislativo, aprobando un complemento de maternidad, en principio destinado a reducir la brecha de género.

A primera vista, puede parecer algo loable, pero enseguida se aprecia un trato discriminatorio. Esa mejora salarial pensada sólo para las mujeres daba lugar a una desigualdad en el trato, dependiendo del sexo. No hay que ser un lince para apreciar que entre una jubilada diputada, senadora, ministra, jueza, notaria, registradora de la propiedad, fiscal, profesora, doctora en medicina, enfermera etc.. y un jubilado jornalero, albañil o camarero, la pensión a cobrar era y es menor en los varones, en los casos citados, por mencionar algunos y la nueva ley ampliaría esa brecha. Es decir que con una «teórica» buena intención se aumentaban las diferencias, en este caso en detrimento de los varones.

Muy recientemente, Don Felipe González en el programa de televisión El Hormiguero repitió en diferentes momentos, lo que es una obviedad en democracia, que la Ley es y debe ser siempre igual para todos en un Estado de Derecho.

Procedí a solicitar ese complemento en noviembre de 2023, de forma directa y personal en las oficinas de la Seguridad Social, en la localidad donde resido. A mitad de enero de 2024 recibo una Resolución en la que se dice textualmente «esta Dirección Provincial ha resuelto desestimar la misma en base a….ha prescrito….se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020». Yo no versado en temas de leyes, deduzco que no tengo derecho y doy por zanjado el tema. Pero otro amigo me comenta, que lo vuelva a intentar usando un bufete de abogados. Entro en internet y encuentro que hay un montón de ellos que se ofrecen para obtener ese complemento de paternidad, afirmando todos de forma categórica que el procedimiento se ganaba con seguridad. Me pongo en manos de un despacho de abogados y a finales de abril, recibo otra resolución en la que está escrito: «Esta Dirección Provincial ha resuelto reconocer el complemento de maternidad» y cita un Real Decreto de febrero de 2021, en cualquier caso, muy anterior a las fechas de las dos solicitudes.

Aunque no soy jurista, sí sé que las leyes deben ser comprensibles para el común de los mortales. En este caso, no entiendo ni comprendo que se desestime y tres meses después se acepte, cuando la situación es la misma y la oficina que emite la resolución y la persona que la firma, también son las mismas.

Si ese es el caso, quisiera expresar mi indignación por varios motivos: 1º) Si se aprueba una ley, se debería aplicar de forma automática a todo al que beneficie, sin necesidad de que el beneficiado tanga que solicitarla, si pretendemos estar en una sociedad justa y avanzada, máxime si se dirige a jubilados, un colectivo que puede tener más dificultades por problemas inherentes a la edad, tanto para estar informados, como para relacionarse con la administración. 2º) A los funcionarios, me gustaría recordarles que se deben al Estado, no al Gobierno de turno, que hoy es uno y mañana puede ser otro, en resumen, que están para ayudar y servir a los ciudadanos que pagamos sus sueldos con nuestros impuestos, por lo tanto, por favor, sean empáticos y no nos traten como a un número. 3º) Estas dos resoluciones diferentes, que no entiendo, han supuesto que yo pierda casi un 40 % del dinero al que al parecer tenía derecho. Es cierto que algo he conseguido y algún abogado ha salido ganando un porcentaje que es fijo si no se llega a cierta cuantía. No estoy en contra de que los bufetes de profesionales ganen lo que tengan que ganar, lo entiendo y me parece bien, pero las preguntas son: ¿Necesitaba yo a ese abogado?, ¿podría la administración haberme ahorrado ese gasto?.

Otro tema es el empeño de ciertos políticos en hacer discriminación positiva con ciertos colectivos, algo que se opone a la igualdad de oportunidades y a la igualdad ante la ley. Pero eso es un tema conceptual que necesitaría una reflexión adicional.