La colonización de las instituciones

La colonización de las instituciones públicas que está llevando a cabo Pedro Sánchez, independientemente de su falta de escrúpulos al ejercer la política, es la consecuencia de que la Constitución, en lo referente a la composición de importantes órganos del Estado, lo permite y además carece de contrapesos que eviten leyes abusivas que regulen determinados nombramientos clave. Ni el PSOE ni el PP han dado los pasos necesarios para corregirla cuando han gobernado, haciendo uso y abuso de esos nombramientos porque la ley se lo permite.

Me referiré a alguno de los nombramientos más importantes que necesitan de una reforma que garanticen su imparcialidad. En primer lugar, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que el tribunal de la máxima garantía constitucional, según lo expresa el artículo nº 159 de la Constitución, pueda estar formado, entre otros, por dos vocales a propuesta del propio Gobierno? O el nombramiento del Fiscal General del Estado (artº 124) Lo mismo puede decirse de órganos de la administración, vitales para mantener una verdadera independencia, propios de una verdadera democracia, que deberían ser concensuados tales como los nombramientos de directores del Banco de España, CNI, CIS, Televisión Española, Instituto Nacional de Estadística. Cuan lejos estamos de un sincero sentir democrático de nuestro estamento político. Siempre pensando en las ventajas que les den las leyes al alcanzar el poder. Y en lo tocante a la judicatura da vergüenza ver como, con total naturalidad, se habla de jueces progresistas y conservadores que, votando en bloques sin fisuras, hacen dudar de su imparcialidad. Una total ausencia de visión de Estado.Y así nos va.