En manos de un fugitivo

Después de varios meses de demora, el Gobierno dio luz verde anteayer al real decreto ley que fija un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados. El Consejo de Ministros ha dado el paso tras el pacto alcanzado con Junts, el partido de Puigdemont, en la noche del lunes, con el que se garantiza el apoyo de esta formación política a la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados. Un apoyo que, como viene siendo norma habitual en la relación entre Moncloa y la formación independentista, no sale gratis, ya que imprime una deriva parcial a una política que debería ser de Estado. Desde Junts se han jactado de que con el nuevo reparto, Cataluña recibirá entre 20 o 30 menores, mientras que estiman en unos 700 los que corresponderá acoger a la Comunidad de Madrid.

El Gobierno defiende que quiere dar una solución a la situación a la acogida de los menores migrantes, 4.000 en Canarias y otros 400 en Ceuta, que serán trasladados a otras comunidades autónomas. Ambos territorios han afrontado con enormes dificultades y poco apoyo la atención a estos menores, que llegan a sus costas o fronteras de manera irregular y que no pueden ser devueltos a sus países de procedencia. La nueva regulación prevé un reparto de los menores no acompañados cuando la ocupación multiplique por tres la capacidad de las comunidades receptoras, una situación superada de largo y desde hace tiempo, especialmente en Canarias, cuyo presidente ha venido lanzando voces de auxilio para una situación insostenible. Antes de que lleguen a conocerse los criterios de reparto, Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que los enviará a Fuenlabrada, cuyo ayuntamiento es del PSOE, buena jugada.