No era ley mordaza y ahora es ley pro alboroto

El Gobierno está a punto de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como «Mordaza» en un alarde de demagogia, para atender la enésima exigencia de sus socios y suscribir su inquietante relato antisistema.

Ése que presenta a la Policía Nacional o la Guardia Civil como unos Cuerpos represores y transforma a los agitadores, a menudo violentos, en unas víctimas inocentes de un sistema que persigue, coacciona o suprime derechos individuales y colectivos por razones políticas.

Se trata, en fin, de convertir en ley los discursos de dirigentes condenados por agredir a policías, como Isabel Serra o Alberto Rodríguez; ambos inhabilitados tras protagonizar bochornosos enfrentamientos con los Cuerpos de Seguridad, ejemplares en su trabajo y admirados por la inmensa mayoría de la sociedad española.

Con la nueva ley que ultima el Gobierno, los antisistema de toda laya que perpetran reiteradas fechorías parapetados en supuestas causas políticas y sociales tendrán algo parecido a la impunidad. Y quienes deberían poder frenarles con las herramientas oportunas; quedarán sin embargo expuestos, desmotivados e incluso señalados con una especie de culpabilidad preventiva.

Que un policía no pueda grabar a un agitador pero que, a la inversa, éste sí pueda hacerlo, resume el despropósito de una reforma destinada a fomentar la ocupación del espacio público por los agitadores y la expulsión del mismo de los ciudadanos pacíficos.

La protección de derechos básicos en una democracia, como el de manifestación, huelga o reunión; ya estaba perfectamente garantizada de antemano, con un modelo que los integra todos en el imprescindible respeto a la convivencia.

No se refuerza eso, pues; se retiran obstáculos a quienes apelan a esos valores para actuar contra ellos con sectarismo, violencia, totalitarismo y un profundo desprecio por el Estado de Derecho.

La única «mordaza» cierta que ha habido en España en los últimos años es la que este Gobierno le impuso al Congreso y a la ciudadanía, según recogen las reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional, sin que hayan merecido las disculpas, explicaciones y rectificaciones que cabría esperar de un presidente digno de su cargo.

La que ahora van a quitar, amén de inexistente, simplemente va a servir para perturbar el orden público, blanquear a los agitadores, desproteger a los policías y, tal vez, preparar el contexto callejero que algunos querrán recuperar cuando, antes o después, salgan del Gobierno.