Un Gobierno de España intervenido por Bildu

El apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez no es una excepción, sino la confirmación de una norma que vincula la propia existencia y la viabilidad del Gobierno socialista al respaldo interesado, dañino e impúdico del partido heredero de Batasuna que, encabezado por un condenado por terrorismo, no reniega de ETA.

Si las cuentas públicas son de entrada un despropósito en lo económico, al elevar como nunca el gasto para incrementar la deuda hasta límites insoportables y subir aún más los impuestos para intentar en vano el equilibrio contable; alcanzan la categoría de escándalo al estar intervenidas por el conjunto del independentismo y marcadas, además, por el populismo intervencionista de Podemos.

Dado que es imposible creer que a Otegi le mueve interés alguno por España, sometida al horror durante años con su complicidad personal y política; su respaldo hay que interpretarlo como lo que es: un conducto para cubrir objetivos idénticos o similares a los que antes se perseguía con las armas.

La diferencia de métodos es sustantiva, qué duda cabe, y eso explica que, con la Constitución en la mano, pueda defenderlos incluso desde las instituciones, por muy legítimo que sea preguntarse a la vez si no debiera regir en España la misma legalidad que en otras grandes democracias europeas que prohíben, sin ambages, la existencia de partidos contrarios a sus leyes fundamentales.

Pero que Bildu sea legal, por mucho que repugne, no significa que deba ser socio de nadie. Y mucho menos que dependa de ella la investidura de un presidente, la aprobación de sus cuentas públicas o incluso el color del Gobierno en Navarra.

Porque Sánchez paga todos esos favores a un precio inasumible para España en términos políticos, éticos, económicos y morales. Y con una humillación bochornosa del legado sagrado que representan las víctimas, cuyo martirio en los años de plomo fue decisivo para levantar un muro de contención que ahora el Gobierno, a un coste insoportable, derriba para sobrevivir.

Coste insoportable que puede extenderse también a Cataluña después de que ayer el Tribunal Supremo anulara la inmersión lingüística catalana y obligue a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano. Habrá que ver si el Gobierno consiente una desobediencia de la Generalidad de Cataluña al Supremo para así poder seguir contando con el voto de los partidos independentistas que le garantizan el asiento en el poder.

Además de todo eso, la doble entrega del presidente al separatismo y al populismo constituye un fraude político para sus propios electores, a los que sedujo en las urnas con el firme compromiso de no alcanzar acuerdos con quienes, finalmente, le han aupado al cargo: una razón más para convocar Elecciones Generales y comprobar si el desafecto hacia su gestión también se ha implantado en sus propios votantes.

En todo caso, la política de alianzas de Pedro Sánchez tiene como única virtud que permite vislumbrar sus movimientos cuando, antes o después, se celebren elecciones generales: diga lo que diga entonces en la campaña, todo el mundo sabrá de antemano lo que hará a continuación.

Y podrá decidir, en consecuencia, si sostiene a un Gobierno tutelado por los mayores enemigos de España o, por el contrario, más allá de ideologías, ayuda a frenarlo. Todo el mundo sabe ya que, cuando Sánchez pide el voto, quienes lo logran también son Otegi y Junqueras.