Los Cuerpos de Seguridad tienen razón: quemar las calles no es un derecho

Que todos los Cuerpos de Seguridad se hayan tenido que lanzar a las calles a protestar contra el Gobierno y a advertir de la inseguridad que va a provocar una de sus decisiones es, en sí mismo, un acontecimiento histórico e indiciario del tipo de gestión que impera en España.

Porque nadie por encima de los responsables del orden son conscientes de qué lo altera y a nadie, más que a ellos, les cuesta elevar la voz por encima de sus superiores. Han de ser muy fundadas y poderosas las razones para que, durante una mañana, se dejen los uniformes de policía o guardia civil en sus casas para defender a la sociedad de otra manera, igual de válida.

Porque la inaceptable derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por Podemos de la mano del separatismo y de los movimientos antisistema pero asumida por el PSOE; es un ataque a la convivencia pacífica que además debilita la respuesta de quienes dedican su vida a intentar garantizarla.

En España no había ningún ataque a las libertades y derechos, individuales o colectivos, como sostienen los promotores de la derogación, tildando de Ley Mordaza una norma avalada por el Tribunal Constitucional que no reprime nada, salvo los excesos de quienes consideran un derecho organizar altercados, invadir espacios públicos, asaltar instituciones y, en definitiva, coaccionar a todo aquello que no se doblegue a sus intereses.

Con esta contrarreforma, se protege más al posible agresor que al potencial agredido; se rodea de sospechas el trabajo policial y, en definitiva, se lanza el mensaje de que todo exceso es tolerable y toda réplica es liberticida si el abuso se hace en nombre de determinadas ideas políticas.

De Podemos, Bildu o ERC no sorprende esa postura: por distintas razones, todos ellos han defendido la agitación, el enfrentamiento y hasta la violencia. Y han transformado la legítima respuesta de los Cuerpos de

Seguridad en una falsa represión que no detectan donde sí existe, sea en Venezuela, en Cataluña o en el País Vasco.

Pero que el PSOE tolere, avale y finalmente impulse esta barbaridad; resulta desasosegante. Y especialmente en el caso de los dos ministros concernidos por las clamorosas denuncias de sus propios subordinados, Fernando Grande-Marlaska en Interior y Margarita Robles en Defensa.

¿Ninguno de los dos tiene nada que decir ni oponer a las advertencias expresadas por todas las organizaciones de policías nacionales, autonómicos o municipales y de guardias civiles de toda España? ¿Suscriben la falacia de que necesitan un correctivo legal para moderar su tendencia natural al abuso y el exceso?

Lo cierto es que, en la España vigente, un okupa tiene más derechos que un propietario. Y que, en la misma línea perversa, un violento o un delincuente van a estar más protegidos con esta reforma que un agente formado para frenarlos.

Y no digamos para contener a esos peligrosos grupos violentos que, cuando no gobierna la izquierda sobre todo, consideran necesario quemar las calles: esta ley parece pensada para que, cuando llegue el momento de volver a las barricadas, nada ni nadie pueda responderles.