Canet, el espejo de un Gobierno entregado
Esa complicidad con el acosador, unida a la frialdad con el acosado, solo obedece a las necesidades coyunturales de Sánchez
El acoso y linchamiento de un niño de cinco años en Canet del Mar, cuyos padres pidieron simplemente la aplicación de la ley en la educación de su hijo, resume dramáticamente la naturaleza del movimiento independentista y, también, la subordinación del Gobierno de España a tan perversa doctrina.
La mera existencia de una discusión sobre si se puede estudiar en español dentro de España ya es un frustrante indicio de un problema de origen muy serio: con la coartada de proteger una lengua, que sin duda enriquece el patrimonio de Cataluña y del conjunto de España, se ha tolerado durante años un proyecto etnicista sustentado en la criminalización de lo español, con su idioma como emblema.
La cesión de las competencias educativas, pero sobre todo la indiferencia ante el abusivo uso de esa potestad, ha consolidado la creación de un gueto político, lingüístico, cultural e institucional en Cataluña en el que la Generalidad lleva años confinando a quienes se resisten a aceptar su proyecto totalitario.
A quien lo asume se le otorga la condición de «buen catalán». Y al que se opone, se le condena a un apartheid que solo unos pocos replican, con unas dosis de valentía personal innecesaria en un auténtico Estado de derecho: tener que ser un héroe para obtener la protección que deberían garantizar los poderes públicos lo dice todo y bueno de quienes se atreven a serlo; pero describe también la degradación de la democracia y la inaceptable dimisión del Gobierno en sus obligaciones básicas.
Que la respuesta a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Supremo sobre el derecho de los catalanes a recibir al menos un 25 por ciento de su educación en español haya sido el acoso a un niño; la convocatoria de una manifestación contra él; la insumisión del Gobierno catalán y el silencio de Moncloa es inaceptable.
Pero perfectamente coherente con la sumisa entrega de Pedro Sánchez a ERC, resumida en una sangrante paradoja: mientras la Generalidad atacaba incluso a un niño para estigmatizar la lengua española, el Gobierno de España se dedicaba a tramitar una ley que extendiera el doblaje al catalán en las plataformas audiovisuales.
Esa complicidad con el acosador, unida a la frialdad con el acosado, solo obedece a las necesidades coyunturales de Sánchez. Pero deja una herencia estructural en favor del nacionalismo tan vergonzosa como la tolerancia con la segregación, la xenofobia y el racismo.