Asfixiar a los autónomos, otra genialidad

En la imparable escalada de subidas de impuestos que ya aplica el Gobierno y reforzará a lo largo del año con una reforma fiscal amedrentante, el Ministerio de Seguridad Social ha presentado a los agentes sociales una propuesta para endurecer, aún más, las cuotas de los autónomos, vértice de la economía española fustigado, sin embargo, por una mezcla inhumana de voracidad y desdén.

Aunque el titular de la cartera, José Luis Escrivá, pretende vender la idea de que el nuevo sistema de trece tramos abaratará sus cotizaciones, la realidad es bien distinta y subirá de forma espectacular en los segmentos de facturación más habituales.

Ninguna medida fiscal de este Gobierno va en el sentido abrumadoramente mayoritario en Europa, la bajada, y ésta no será una excepción. Solo hay que escuchar a cualquier ministro repitiendo la falacia de que en España se pagan pocos impuestos, en comparación con las otras potencias europeas, para adivinar lo que se nos viene encima.

La «baja» presión fiscal es consecuencia de la modesta recaudación (derivada a su vez del mayor desempleo y la dimensión de la economía sumergida); pero el esfuerzo fiscal de los contribuyentes es uno de los cinco mayores del mundo. Y pese a eso, el Gobierno más sobredimensionado y costoso de la Unión pretende aumentar la asfixia.

En ese marco hay que ubicar, pues, el enésimo ataque a los más de tres millones de autónomos existentes en España, ese titánico sector compuesto por ciudadanos abonados al autoempleo o pequeños empresarios que no cobran si no producen; pagan aunque no tengan y, cuando cobran, se dejan la mitad en el camino entre cargas fiscales y gastos inherentes a su trabajo.

Que tantos de ellos hayan desaparecido durante la pandemia, y con ellos sus negocios, no produce la más mínima piedad en Moncloa: tampoco que a los costes habituales se hayan añadido el sobreprecio de la luz y el combustible o el encarecimiento de las cotizaciones, ese «impuesto al trabajo» que ha crecido un 45 por ciento en una década.

En un escenario de creación de empleo limitada al sector público y a trabajos por horas o a tiempo parcial que maquillan la estadística, pero no mejoran la realidad; atacar además a los autónomos es un acto de desesperación y otro de malicia ideológica. Lo primero denota el paupérrimo estado de las arcas públicas, dopadas por la recaudación extra derivada de la inflación y las ayudas europeas.

Y lo segundo se resume en la tesis, falaz como pocas, de que el autónomo gana como nadie y debe contribuir aún más al sostenimiento de la improductiva economía planificada del Gobierno, más cercana a una visión quinquenal que a un reformismo imprescindible en un mundo competitivo e implacable.

La vitalidad de España depende, en buena medida, del dinamismo de los autónomos, que además marcan el futuro laboral de Occidente en contraposición a la caduca apuesta por el funcionariado y la subvención como eje del trabajo que caracteriza a PSOE y Podemos.

Exprimirlo hasta que se quede en los huesos, en lugar de aprender de él y ayudarlo a extenderse, es el enésimo error de un Gobierno intervencionista con el dinero ajeno y derrochador, hasta decir basta, en su propia estructura e intereses electoralistas.

Si la reforma laboral en ciernes es un error, por mucho que lo suscriba la patronal; el giro de tuerca que se prepara ya para los autónomos puede ser la puntilla de un país que, no por casualidad, mantiene la peor tasa de desempleo de Europa y se ceba, especialmente, con los jóvenes y las mujeres.