Por la libertad de expresión y por el derecho a la vida

El Ayuntamiento de Valencia, entre otros, ha perpetrado un intolerable ataque a la libertad de expresión al forzar la retirada de la campaña de publicidad contra la reforma de la Ley del Aborto y el Código Penal que se exhibía en marquesinas y otros soportes de propiedad municipal. Esa campaña está promovida por la Asociación Católica de Propagandistas, entidad propietaria de El Debate.

La Constitución de 1978 nos ofreció un marco de libertades que convirtió a España en un ejemplo para países del mundo entero que salían de regímenes totalitarios de diferente signo. La democracia española ejemplificaba un respeto reverencial por la libertad de expresión y de culto. Ahora el Gobierno quiere hacer una reforma del Código Penal para impedir esa libertad de profesar la fe rezando en público. Y el Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde es miembro de Compromís, niega la posibilidad de hacer publicidad de la defensa de la vida.

Sería bueno saber si el Gobierno estaría dispuesto a prohibir las manifestaciones públicas de religiosidad practicada en las calles por los musulmanes, o si el Ayuntamiento regido por el señor Ribó prohibiría hacer publicidad en los soportes municipales a abortorios que se presentan como clínicas ginecológicas.

La libertad de expresión es un pilar básico de la democracia, que sin ella no puede ser denominada tal. Y ésta es una afirmación indiscutible. En España se pueden organizar manifestaciones en favor de cualquier cosa. Incluso de asesinos condenados por sus bárbaros actos terroristas. Pero el Ayuntamiento de Valencia no está dispuesto a permitir que se defienda el derecho a manifestarse contra el aborto. A apoyar en público el derecho a la vida. Con evidencias como éstas es difícil negar que éste es un Gobierno que defiende la muerte. Y no es solo en Valencia, la ola de intransigencia ha llegado también a Granada y a Madrid, donde los socialistas han demandado a Almeida por carta que censure la campaña a favor de la vida de la ACdP. 

Vivimos en un país donde se puede jalear a asesinos terroristas impunemente, pero donde defender la más noble de las causas, la del derecho a la vida, levanta sarpullidos en unas autoridades instaladas en la subcultura de la muerte y en su apología.