La educación infantil, otro objetivo sectario del Gobierno

Con el mismo espíritu que llevó a la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, a afirmar sin pudor que «los niños no son de sus padres», el Gobierno aprobará probablemente esta semana el Real Decreto que desarrollará la nueva Ley Educativa en la etapa más delicada, la que va de los 0 a los 6 años.

Si la LOMLOE está concebida en su conjunto como una herramienta de construcción social de individuos adaptados al canon ideológico gubernamental; ese espíritu se quiere aplicar incluso en las edades más tiernas, cuando casi todo está por hacer en términos de madurez, crecimiento y formación y más permeables somos todos a la influencia externa.

Lejos de frenar eso la vocación intrusiva del Gobierno, parece haberla reforzado con una planificación que, de ser cierto todo lo que ha trascendido ya, pretende inocular ya entre los más pequeños la visión ideológica de los promotores de la ley y alejarles, a la vez, de sus influencias más necesarias.

Porque el papel que tradicionalmente ocupan los padres y la familia en el proceso de crecimiento personal de los niños, imprescindible e innegociable, parece quedar suplantado por un programa que incluye desde la enseñanza sexual hasta la visión del mundo, del ecosistema, de las relaciones y de la vida, en definitiva, según la mirada coercitiva del poder político.

Conceptualmente, toda invasión extrema en lo más íntimo de la conciencia es ya, por definición, un ultraje intolerable que cercena la libertad personal y aparta como núcleo primigenio y decisivo de la educación a su primer baluarte, que no es otro que la familia.

Pero si además esa injerencia se hace desde la marginación de los valores religiosos y morales, la minusvaloración del papel de los padres y la imposición de un credo ideológico que hasta discute la existencia de dos sexos y defiende el delirio del «sexo sentido» como opción voluntaria; las alarmas han de encenderse con toda su plenitud.

La escuela está para enseñar en materias que completen el tradicional trinomio educativo compuesto por la familia, el colegio y la propia sociedad. Y no para arrogarse e imponer un monopolio sectario y empobrecedor de los prejuicios propios.

Apelar a unos valores cívicos como excusa para implantar un proyecto político es inaceptable: la propia Constitución ya resume un espacio de convivencia y respeto suficiente, sin necesidad de programas, planes y asignaturas que, con esa excusa, en realidad son la avanzadilla de una intromisión repudiable.

Basta con repasar el conjunto de leyes impulsadas por el Gobierno en las materias más delicadas, como la eutanasia, el aborto o la memoria histórica; para entender el objetivo de su propuesta educativa. Y para alentar una respuesta, contundente y sostenida, a tanto exceso liberticida que no se para ni siquiera ante esa mercancía tan delicada que son nuestros niños.