Cacicada peligrosa en el Tribunal de Cuentas

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado la decisión previa del mismo órgano para permitir, de manera bochornosa, que la Generalitat de Cataluña avale con dinero público los 5,4 millones de fianza impuesta a los promotores del llamado procés, un eufemismo para maquillar lo que fue, en realidad, un golpe de Estado contra la Constitución.

La nueva resolución, fruto de la mayoría progresista en la Sección, libra a los 28 encausados, muchos de ellos condenados a largas penas de prisión por delitos tan graves como la sedición o la malversación de fondos; de asumir con sus propios recursos las consecuencias de su asonada, perpetrada desde las mismas instituciones damnificadas que ahora, paradójicamente, se hacen responsables del coste de los delitos en lugar de recibir la indemnización que merecían.

Se trata, en realidad, del segundo pago del «indulto en diferido» que Junqueras, los Jordis, Romeva y tantos otros condenados en firme por el Tribunal Supremo han ido cobrándose del Gobierno de España, y muy particularmente de Pedro Sánchez, a cambio de garantizar su supervivencia.

El obsceno cambalache aumenta la impunidad del separatismo, sienta precedentes peligrosos y le invita a reanudar su ofensiva cuando lo estime oportuno; impulsado por el blanqueamiento político concedido por Sánchez e impuesto a las propias instancias judiciales.

A unas, como el Supremo, las invalida con decisiones que hacen inútil su esfuerzo por preservar el Estado de derecho. Y a otras, como el Tribunal de Cuentas, las coloniza con meros delegados del partido que obedecen las evidentes instrucciones recibidas, en un indicio escandaloso de cómo será la Justicia si finalmente el Gobierno logra asaltar el Poder Judicial, como lleva intentando desde hace meses sin recato alguno.

En un país donde tantos particulares y pequeños comerciantes han perdido su modesto patrimonio al utilizarlo para avalar operaciones crediticias con las que superar la crisis, sin ninguna benevolencia de los poderes públicos; observar la arbitrariedad perpetrada para favorecer a delincuentes es desasosegante.

Y constatar la imparable degradación de la separación de poderes, roza ya lo peligroso con un Gobierno que solo tiene dos registros ante la ley: o la ignora o la adapta a sus intereses. Lo hizo con el mismísimo Tribunal Constitucional, cuyos fallos adversos en asuntos tan delicados como el confinamiento o el estado de alarma no provocaron ni un modesto pestañeo de Moncloa.

Lo hace también con el Consejo de Transparencia o la Audiencia Nacional, como ha documentado ya en varias ocasiones El Debate con informaciones probatorias de los abusos de Sánchez sin ninguna consecuencia.

Y lo vuelve a hacer con el Tribunal de Cuentas, transformado al parecer en una mera prolongación del PSOE, como ya ocurriera con la Fiscalía General o la Abogacía del Estado.

La inaceptable tendencia del «sanchismo» a considerar que la separación de poderes es una agresión a la superioridad de sus valores y necesidades mina paulatinamente la calidad de nuestra democracia y lanza un reto esencial a los contrapoderes legítimos reconocidos en la Constitución.

¿Se resistirán a esa invasión o claudicarán para desgracia de España? Todas y cada una de las instituciones, y quienes ejercen en ellas, han de formularse esa pregunta y responderla con dignidad.

Empezando, por cierto, por el nuevo PP que asoma bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo, que va a tener en la pendiente renovación del Consejo General del Poder Judicial una primera prueba de fuego: hay que remozarlo, desde luego, pero no al precio de permitir que se someta también a los excesos de un Gobierno sin límites.