El negocio del 8-M para el Ministerio de Irene Montero

Dos años después del 8M que preludió el estallido vírico que aún sufre España, convocado contra toda lógica por un Gobierno que era consciente de la alerta sanitaria pero antepuso una vez más sus intereses políticos, el Ministerio de Igualdad ha dado a conocer los emolumentos de sus principales directivos y cargos de confianza.

No se trata de una apuesta de Irene Montero por la transparencia, sino del cumplimiento de una obligación legal que le permite a los ciudadanos conocer el funcionamiento de la Administración y le impone a los políticos publicar formalmente sus declaraciones de bienes y de patrimonio para su consulta libre por cualquiera.

Desde esa premisa se ha podido conocer cómo Montero y sus colaboradores se reparten cerca de un millón de euros anuales en sueldos, una cifra escandalosa que le permite a la ministra pagar cantidades astronómicas a militantes de Podemos, amigas personales y en todo caso dirigentes sin especial formación que ni antes de sus nombramientos ni cuando éstos cesen tuvieron ni tendrán retribuciones que en algunos casos superan los 100.000 euros anuales.

La característica fundamental de todos ellos es la cercanía a Montero y el mimetismo con su sectarismo, sustentado en la aplicación de una perversa ideología de género que, con la excusa de la necesaria igualdad ya consagrada y protegida por la Constitución, empapa todos los discursos, leyes y campañas de un Ministerio absurdo, caro y casi peligroso.

La transformación de una causa noble en un negocio resulta evidente, y solo hay que ver la colección de colaboradoras de Montero para entender cómo se ha profesionalizado su torticero activismo para, a continuación, intentar convertir en norma lo que no son más que delirios infumables.

Plantear la vida como una guerra de sexos que, en realidad, nadie siente ni libra, es un bochorno conceptual que deshumaniza la convivencia y olvida que todos los hombres proceden de una mujer y todas las mujeres de un hombre y que, por ello, la inmensa mayoría defiende un progreso conjunto y una alianza colectiva por corregir los desajustes existentes y frenar los abusos de todo tipo protagonizados por una minoría.

Pero solo desde la caricatura deformada de esa realidad y su transformación en una especie de apocalipsis cotidiano puede justificarse la existencia de un Ministerio capaz de denunciar problemas inexistentes mientras desatiende e ignora el fundamental: España es el país con más paro femenino de Europa.

Utilizar los asesinatos machistas como la vara de medir de la situación de la mujer en España y, aún más, de la naturaleza congénita del hombre, es deleznable. Y a partir de ahí lanzar leyes desquiciadas como la del cambio de sexo o la de libertad sexual, contrarias a la misma esencia de la vida o usurpadoras de la más estricta intimidad; un dislate invasivo inaceptable.

Que además se lucren personalmente con ello e impulsen una industria de género de la que viven tantas asociaciones y colectivos en España, debería activar todas las alertas: ya es feo convertir la política en un negocio impúdico; pero hacerlo deformando así la convivencia y convirtiendo el abuso en norma es escandaloso.