PP y Vox firman un Gobierno de coalición necesario y esperanzador

Castilla y León tendrá el primer Gobierno de coalición entre PP y Vox de toda España, lo que necesariamente crea un precedente y cambia por completo el mapa político en una época preelectoral que durará hasta las elecciones generales, tal vez convocadas para principios de 2024, incluso.

En sí mismo, el pacto es coherente y necesario: tendría muy poco sentido que dos partidos cuyos dirigentes y votantes proceden del mismo espectro ideológico, tan amplio que va desde el centro hasta la derecha más firme, dejaran el camino libre a sus rivales compartidos. No lo entenderían sus respectivos seguidores y, desde luego, solo beneficiaría a todo aquello que dicen combatir desde la Constitución.

El acuerdo demuestra que, más allá de la tensa retórica que marca las relaciones públicas entre PP y Vox, derivada de una competición por una porción del electorado que puede votarles a ambos, a la hora de la verdad siempre se han entendido con distintas fórmulas.

Lo hicieron en Madrid y Andalucía con un pacto de legislatura que no incluía la coalición; y lo han hecho en Castilla y León con un Gobierno compartido imposible de entender sin el visto bueno de las direcciones nacionales de las dos formaciones, que presagia así el entendimiento futuro de Feijóo y Abascal si la aritmética parlamentaria es suficiente para desalojar a Sánchez y a sus socios de la Moncloa.

Los 32 puntos rubricados por los dos partidos no solo son legítimos, sino también razonables y se ubican bien lejos de la caricatura que la izquierda hace de Vox para, a continuación, tratar de boicotearle al PP la capacidad de aliarse y con ello consolidar una alternativa ganadora a Sánchez.

Ni se alejan de la Constitución, todo lo contrario, ni desde luego suponen una amenaza para mujeres, homosexuales o inmigrantes, como denuncia un Gobierno formado por comunistas y sostenido por dos partidos separatistas, Bildu y ERC, cuyos líderes han sido condenados en el pasado por pertenencia a banda terrorista o sedición y malversación de fondos.

Si alguien merece un «cordón sanitario» en España, son precisamente los socios de Sánchez. Y si algo se merece el país es una alternativa sensata a esa coalición de intereses bastardos que, ahora mismo, la gobierna con las peores intenciones y los medios más discutibles.

Haría mejor el PSOE en mirarse más en el espejo en el día en que la Fiscalía Anticorrupción registró la denuncia de la Comunidad de Madrid contra 12 contratos de emergencia con siete empresas y por un total de 326 millones de euros. Fueron contratos suscritos por el Gobierno de la nación con el entorno del presidente del Gobierno, el PSOE, el exministro de Sanidad, Salvador Illa y la vicepresidenta Calviño.

La furibunda reacción del PSOE, que se preocupa mucho por la supuesta «ultraderecha» pero no lo suficiente para ofrecerle su apoyo al PP en la investidura ni para impulsar la ilegalización de Vox por la certeza de que haría el ridículo en los tribunales; anticipa ya el mensaje que van a tener que saber replicar y gestionar tanto Feijóo cuanto Abascal.

Su acuerdo les obliga a ambos a derrotar el mantra de la izquierda con sentido común y sin maximalismos, pero también sin pedir disculpas: en ser capaces de hacer compatible la competición electoral que libran con la preservación de un espacio de entendimiento está la clave para que el pacto de Castilla y León sea el primero de muchos.

Porque nada ha ayudado más a Sánchez que su falta de escrúpulos para sumar a cualquier precio y con cualquiera y, a la vez, la fractura de la derecha en tres partes, incapaces de traducir en escaños los votos que nunca han dejado de tener.

Por mucho que ahora el Gobierno intente criminalizar una alianza muy oportuna, que cambia el mapa político, agudiza la pugna entre bloques y reduce desgraciadamente la posibilidad de consensos transversales por el empeño de Sánchez en resucitar «las dos Españas»; el PP y Vox han dado un paso correcto y esperanzador para millones de ciudadanos.