Finlandia y Putin

El Acta Final de Helsinki, aprobada en 1975 en la capital finlandesa por los jefes de estado y de gobierno de los 35 Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, comienza su texto con los diez «Principios que Rigen las Relaciones entre los Estados participantes». Entre ellos se encontraban la entonces URSS, Finlandia y Suecia. El primero de los principios, titulado «Igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a la soberanía», incluye, entre otros mandamientos, el siguiente: los Estados participantes «tienen el derecho de pertenecer o no pertenecer a organizaciones internacionales, de ser o no parte en tratados bilaterales, incluyendo el derecho de ser o no parte de tratados de alianza; también tienen el derecho a la neutralidad». Esa posibilidad, la de pertenecer a «tratados de alianza», ha sido aprovechada por todos los países que fueran miembros del Pacto de Varsovia tras la desaparición de la URSS en 1991 e incluso por algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, como Estonia, Letonia y Lituania, para formar parte de la OTAN. Es la posibilidad que en este momento intenta negar la Federación Rusa a Finlandia y Suecia, como ya en el curso de los últimos tiempos ha intentado imponer sobre Ucrania, siguiendo en ello con su sistemática violación de los principios básicos del derecho internacional vigente y de sus propios compromisos.

Fue Finlandia precisamente la que hizo todo lo posible para que la CSCE tuviera lugar en los años de la distensión durante los años intermedios de la Guerra Fría y precisamente en su capital. Con ello respondía a las maniobras soviéticas para celebrar una conferencia de alto nivel sobre la seguridad en Europa, ofreciendo una cobertura política y territorial para el poderoso vecino y para los propios intereses nacionales. El propósito era tan legítimo como evidente: evitar lo que desde el principio de los años cuarenta del XX había angustiado a la ciudadanía del país nórdico: la constante intromisión de la URSS en sus asuntos internos y la nada velada pretensión de recortar su integridad territorial. Ya lo había conseguido en 1940 durante la llamada Guerra de Invierno, cuando el Moscú estalinista, incluso provocando con ello su expulsión de la todavía existente Sociedad de las Naciones, invadió el territorio finlandés en una incierta aventura bélica que los locales resistieron adecuadamente pero que se saldó con la entrega a la soberanía soviética del diez por ciento del territorio del país nórdico. La Finlandia de la postguerra fue cauta en el desarrollo de sus políticas, preservando un esquema nacional democrático, pero al mismo tiempo mostrándose harto cuidadosa en los alcances de su proyección exterior, siempre calculada para no estorbar o alterar en la fundamental los intereses del amenazador vecino. Ello es lo que determinados círculos occidentales denominaron despectivamente «finlandización». Pero la realidad era mostrenca: la frontera común se extendía y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. Y no era casual que Finlandia retrasara su ratificación del convenio internacional para la prohibición de minas antipersona de 1999, el conocido como Tratado de Ottawa, hasta el año 2016, cuando que otros procedimientos de seguridad más elaborados pudieran garantizar la integridad de sus fronteras.

Pero tras la desaparición de la URSS en 1991 la neutral Finlandia, como también su vecina, la también neutral Suecia, estimaron que, llegado el «final de la historia» podían aspirar a lo que gran parte del occidente continental venía practicando en términos de cohesión política, económica y social e integrarse en la Unión Europea. Ello suponía una clara limitación a su antaño declarada neutralidad, pero parecía que los primeros tiempos postsoviéticos de la Federación Rusa así lo permitían. No ha sido así. La inclinación imperialista que los finlandeses vienen soportando desde los tiempos zaristas y soviéticos han recobrado su sanguinaria fuerza en los tiempos y la égida de Vladimir Putin y la salida a la peligrosa situación, puesta terminalmente de manifiesto por la agresión contra Ucrania, solo podía tener una respuesta: buscar la seguridad a través de la pertenencia de un «tratado de alianza». No podía ser otro que la OTAN, a la que ya pertenecían otros vecinos nórdicos, como Noruega y Dinamarca. Y a cuya posibilidad mostró una temprana inclinación Suecia, en el caso de que Finlandia marcara el camino. Como así ha sido.

Que países tradicionalmente tenidos por quintaesencia de la neutralidad hayan decidido dar ese paso demuestra hasta qué punto la Federación Rusa se ha convertido en un peligro global para la paz y la estabilidad en los términos que recoge y pregona la Carta de las Naciones Unidas. Y el Acta Final de Helsinki. Y debe ser la Cumbre de la Alianza Atlántica, que tendrá lugar en Madrid los días 29 y 30 de junio, la que ofrezca una positiva respuesta a las dos candidaturas. Que no tienen otro propósito, como está recogido en el Tratado de Washington constitutivo de la Alianza, que garantizar la defensa y la seguridad de sus miembros y de sus valores frente a las amenazas de los potenciales agresores. Cabe esperar en ese sentido que las anunciadas reticencias de la Turquía neo otomana de Erdogan no quiebren esa posibilidad. Sería tanto como equipararse con las proyecciones neo imperiales rusas a las que tan aficionado y brutal se ha mostrado Putin. El recuerdo de Ataturk merece otra cosa. Se llama Europa, por ejemplo.