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Editorial

Sánchez, El Debate y los indultos

Este periódico ha demostrado que los indultos se concedieron a reos que no se lo merecían, por boca del Gobierno. Debería ser suficiente para que el Supremo los anulara

La posibilidad de que se reviertan los indultos a nueve políticos catalanes responsables de la asonada contra la Constitución es hoy algo más elevada que ayer, y no responde a un afán justiciero, sino a la corrección del abuso que hizo de esa prerrogativa el Gobierno de Pedro Sánchez.

El rechazo a que la oposición recurriera una medida arbitraria dejaba indefenso al Estado de derecho, al derribar todo contrapeso a las decisiones políticas de un Ejecutivo que busca con denuedo la desaparición de sus contrapesos, imprescindibles en una democracia plena.

Sensu contrario, la aceptación de que PP, Vox o Ciudadanos puedan recurrir a la Justicia para intentar enmendar una medida que consideran ilegal e ilegítima, refuerza al Estado de derecho y perfecciona sus mecanismos de control al poder, necesarios por definición.

En ese sentido, la decisión del Tribunal Supremo de analizar a fondo la pulcritud de la medida es, acabe como acabe, una saludable noticia: levanta un muro frente a los caprichos de Sánchez, convencido de que tiene derecho a todo si con ello alcanza sus personalísimos objetivos.

Pero es que además hay razones sólidas para que, más allá de tramitar los recursos, los atienda: tal y como ha demostrado El Debate en una larga serie de informaciones irreprochables, Sánchez utilizó esa prebenda legal para garantizarse un beneficio político personal, la supervivencia, muy alejado de la letra y del espíritu de la ley que le faculta a anular el reproche penal a comportamientos tan lamentables como el de Junqueras y sus compañeros.

Porque el Gobierno, intervenido por los partidos a los que en realidad debía aislar, sacó de prisión a los reos a pesar de que no mostraban arrepentimiento, se comprometían a intentarlo de nuevo y «no merecían» el favor, en palabras del ministro de Justicia desveladas por este periódico y decisivas para reactivar el caso.

Decide el Supremo

Sánchez no perdonó a unos políticos conscientes de sus excesos y dispuestos a la contrición; sino que les invitó a reanudar su desafío a España desde la impunidad que les confiere su ascendencia sobre la Presidencia: no hay razones de utilidad pública que justifiquen el obsequio, pero sí demostraciones palmarias de que el presidente aceptó el chantaje para sobrevivir en el cargo.

El Supremo, pues, no va a decidir pensando en su honra, aunque ésta quedó dañada por la suspensión de una sentencia impecable. Lo hará con la vista puesta en el orden constitucional, la justicia inherente a una democracia y el respeto a España. Y si ello prima sobre todo lo demás, parece inevitable anular los indultos y colocar a Sánchez frente a su espejo: el de un presidente sin principios que todo lo hace pensando en sus intereses. A costa de lo que haga falta, incluida la estima nacional.