La ingeniería social de Sánchez y Montero

El escandaloso indulto a María Sevilla, la presidenta de la siniestra asociación Infancia Libre, que secuestró y maltrató a su propio hijo para alejarlo de su padre tras acusarlo en falso de abusos sexuales, corona la desquiciante visión que el Gobierno tiene de la igualdad, la familia y la relación entre hombres y mujeres, sintetizado en la inconstitucional ley del «solo sí es sí», que derriba la presunción de inocencia en el hombre y no salvará a las mujeres de los delincuentes sexuales de siempre.

Perdonar a una delincuente que no se arrepiente es una desgracia; y elevarla a categoría de heroína con el título de «madre protectora», como ha hecho la ministra Irene Montero, un peligro público: supone legalizar el delito más abyecto si lo comete una madre y abandonar a las víctimas, aunque sean menores de edad indefensos, en nombre de una realidad paralela ajena a las garantías legales e impulsada por un delirio ideológico sectario.

El caso de María Sevilla, como el de Juana Rivas, no es una dolorosa excepción, sino la concreción de un proyecto de ingeniería social sustentado en imponer legalmente la terrible concepción que el Gobierno tiene de las relaciones y del propio ser humano, como un combate de sexos que criminaliza al hombre por serlo y victimiza a la mujer por serlo también y consagra la presunción de culpabilidad al primero y la de impunidad a la segunda. Algo evidente en la Ley de Garantías de Libertad Sexual, que invierte la carga de prueba, legaliza la presunción de culpabilidad al hombre y no protege mejor a las víctimas potenciales de peligros reales.

La causa de la igualdad no solo estaba perfectamente protegida en el ordenamiento jurídico español antes del infeliz advenimiento del Ministerio que dice representarla; sino que forma parte del ideario sentimental, personal y cultural de la sociedad española, sustentada en lazos individuales y colectivos de valores sólidos donde no cabe el abuso.

Presentar como enemigos a hombres y mujeres, por las desgraciadas ocasiones en que algún representante de ambos géneros comete una tropelía, ataca a los cimientos de la convivencia y atiende, en exclusiva, al abyecto deseo de hacer de ello un burdo negocio económico y político.

España sufre problemas muy severos que exigen de los poderes públicos una agenda de prioridades firme, clara y práctica en la que este Gobierno viene fracasando con reiterada ineficacia. Tapar esa evidencia con leyes y decisiones absurdas e inhumanas no engaña ya a nadie, pero deja un poso insoportable que algún día deberá cambiarse.

Porque no puede ser que al funesto legado económico de Sánchez se le añada un despropósito legislativo destinado a reformular la propia esencia del ser humano a base de leyes de eutanasia, aborto, cambio de sexo o consentimiento sexual. Ni tampoco con indultos incitadores al crimen.