Todos deben ayudar a Ayuso en su pugna contra el desvarío educativo

La Comunidad de Madrid ha asumido un enfrentamiento directo, legal y moral con el Gobierno de España a cuenta de una ley de educación nefasta, la Lomloe y en lo referente al currículo que impone en el tramo del Bachillerato. Ayuso añade así una réplica concreta, en el Tribunal Supremo, a la ya iniciada por el conjunto del PP contra la llamada ley Celaá, con un recurso ante el Tribunal Constitucional que pretende revertir el despropósito en su totalidad.

Ambas iniciativas son necesarias, y todas las que puedan añadirse en cualquier ámbito legal, institucional o social, también. Porque estamos asistiendo, en directo y sin remisión, a la mayor escalada intervencionista de un Estado en la educación, la conciencia, la libertad y la familia. Nunca se había visto un intento de imponer, en todos los ámbitos, un canon ideológico colectivo tan monocolor, invadiendo tantas disciplinas distintas de la convivencia y poniendo en solfa tantos valores, tradiciones, costumbres e incluso preceptos genéticos, espirituales y morales a la vez.

Desde la apuesta por la cultura de la muerte, hasta la degradación de la propia idea de España: todo el impulso gubernamental pasa por reconstruir la identidad individual y colectiva; deshumanizarla y desenraizarla para modelarla al servicio de un credo político.

Y la educación es una herramienta preferente en ese proyecto de ingeniería social que aspira al monocultivo político: la ley impuesta en plena pandemia, con desprecio por la realidad plural de la comunidad educativa, es el corolario de un afán maniqueo que empobrece a un país y aminora uno de los rasgos esenciales de la democracia, que es la crítica y la alternativa.

Solo así se entiende la destrucción del mérito y la capacidad como ingredientes del ascensor social; la marginación de la esencia espiritual del ser humano; la promoción de curso con suspensos; la eliminación de la historia de España para borrar su pasado ancestral o la transformación de la práctica totalidad de las asignaturas en avanzadillas del sectario mantra igualitario, que es una excusa burda para imponer la uniformidad ideológica y el seguidismo político.

Todos deben ayudar

Ayuso hace muy bien en enfrentarse a ese despropósito, respetando la ley pero haciendo lo posible para que la propia ley la ampare: la diferencia entre la Comunidad de Madrid, que acata pero no acepta el ordenamiento jurídico y lo combate desde el Estado de derecho; y la Generalidad de Cataluña, que lo incumple con publicidad obscena e impunidad política, en el caso de la enseñanza en español, es abrumadora.

Y también lo será la respuesta del Gobierno: sumisa y cómplice con el separatismo catalán y agresiva e invasiva con la comunidad madrileña, a quien cabe agradecerle el liderazgo en la respuesta a un abuso inaceptable cuyas consecuencias, a medio y largo plazo, serán irreparables si nada lo remedia.