Que Sánchez aclare si fue extorsionado es ya un asunto de Estado

Mientras Sánchez se dedica a utilizar electoralmente el Consejo de Ministros para arrogarse la defensa de la Sanidad Pública, que ya está protegida constitucionalmente desde 1978 y por la ley de 1986 sobre la materia; ni él ni su Gobierno responden a los problemas que sí exigen una aclaración urgente, incondicional y prolija en detalles.

Porque el conflicto internacional desatado en apenas un año, primero con Marruecos y ahora con Argelia, no puede tramitarse ni con silencios ni con diez segundos de explicaciones que no aclaran nada y, con infinito impudor, se agotan en acusar a la oposición de no apoyar a España.

Ningún presidente puede hacer lo que estime oportuno sin respetar los procedimientos legales, los usos democráticos y las obligaciones institucionales. Y mucho menos cuando se pone en juego la posición geoestratégica de su país con decisiones sospechosas que varían estructuralmente sus intereses.

Si eso se hace, además, bajo la insoportable sospecha de haber sido víctima de una extorsión extranjera, la gravedad es absoluta y la necesidad de aclarar el episodio, inaplazable.

De la actitud de Sánchez dan cuenta los hechos constatados, revelados en buena parte por El Debate: primero introdujo clandestinamente al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enemigo declarado de Marruecos, provocando una crisis migratoria en Ceuta de proporciones mayúsculas.

Y después, de manera repentina, cedió a Rabat la soberanía moral sobre el Sáhara, rindiendo pleitesía a Mohamed VI a sabiendas de que no contaba con el respaldo de las Cortes Generales.

El único indicio conocido de qué pudo pasar para que se ejecutara ese giro de 360 grados lo reveló el propio Gobierno al explicar que Pedro Sánchez fue espiado y que le hurtaron una ingente cantidad de información sensible, sin dar cuentas de quién fue responsable y qué lograron sonsacarle. Pero sin negar que pudiera ser Rabat y sin reducir la relevancia del material extraído.

Que Sánchez utilizara ese asalto foráneo para intentar minimizar las investigaciones legales del CNI a sus socios independentistas, saldadas con la bochornosa destitución de la responsable de la Inteligencia española, agrava la sensación del uso espurio de sus atribuciones para adaptar sus decisiones a sus intereses y necesidades, al precio que sea.

Incluso al de adoptar medidas, saltándose a las Cortes o a la Casa Real, que dañan objetivamente a España y le sirven exclusivamente a él para sortear temporalmente un problema personal.

Todo ello deja en el aire una pregunta insoportable en una democracia completa que este periódico lleva días formulando, con toda la precaución necesaria pero, también, con toda la energía requerida: ¿le han chantajeado, señor presidente, y eso explica todo?

La duda no puede convertirse en acusación, pero sí es suficiente para esperar una respuesta que España tiene derecho a formular y el Gobierno obligación de responder. Quien habló del espionaje fue el propio Sánchez. Quien ha tomado decisiones personalísimas, contradictorias, sin respaldo de nadie y de difícil explicación; ha sido él también.

Y quien tiene la obligación de aclararle a los españoles si está pagando deudas personales o defendiendo los intereses nacionales es, sin duda, el presidente, invalidado moralmente para el cargo mientras no despeje la incógnita.

Que ahora mismo no se pueda concluir cuál de las dos opciones es la válida, y en todo caso parezca más verosímil la primera; lo dice todo de un episodio gravísimo que no puede quedar a beneficio de inventario.