Contra la impunidad de los ERE

El Tribunal Supremo ha confirmado, como se esperaba, la demoledora sentencia previa de la Audiencia Provincial de Sevilla que consideraba probado el mayor caso de corrupción nunca sucedido en España.

Porque eso son los ERE: una trama ideada y desarrollada desde el Gobierno para, con ingentes cantidades de dinero público, perpetuar un régimen clientelar en Andalucía al servicio electoral del PSOE.

Todo eso está demostrado y condenado en firme, con fallos que afectan a decenas de altos cargos y a dos presidentes de la Junta y del propio PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que debería ingresar pronto en prisión para empezar a cumplir los seis años previstos de cautiverio.

Pero eso no ocurrirá si, como parece probable, se aplaza la ejecución de la sentencia por la posible concesión de un infame indulto que el Gobierno ya cocina: el propio Pedro Sánchez lo sugirió en una entrevista en TVE, sirviéndose del eufemismo de que todo lo que se haga será legal para camuflar su evidente apuesta por la impunidad.

Para llegar a eso, se ha venido fabricando desde el Gobierno, con el respaldo de sus altavoces, un relato indecente sobre la naturaleza del delito, rebajando su gravedad con el insólito argumento de que no hubo enriquecimiento personal de los condenados.

Andalucía es el 20 por ciento del censo electoral de España, y tener allí un voto cautivo ha beneficiado al partido en todas las citas ante las urnas durante 35 años

Una afirmación falsa e inmoral, por dos poderosas razones: utilizar dinero público para consolidarse en las instituciones es también una manera de beneficiarse de él, incluso más que desde el latrocinio habitual de los comisionistas políticos. ¿O acaso manejar el inmenso presupuesto de la Administración para garantizarse un sueldo y nombrar libremente a centenares de cargos no es también una forma de enriquecerse?

Y además, más grave aún que la corrupción personal es la institucional. Porque nada puede ser más funesto que adulterar la esencia misma de la democracia, utilizando recursos para captar voluntades, cuando no comprarlas, al objeto de evitar la alternancia y el voto libre.

El PSOE no busca indultar a Griñán, apelando a razones humanitarias que podrían hasta ser comprensibles en un escenario de penitencia y redención tras asumir la culpa, sino que intenta indultarse a sí mismo.

Porque Andalucía es el 20 por ciento del censo electoral de España, y tener allí un voto cautivo ha beneficiado al partido en todas las citas ante las urnas, autonómicas y nacionales, durante 35 años. Quizá por eso Chaves y Griñán fueron aupados a la presidencia del partido. Y tal vez por ello indultarles ahora sea la lamentable manera de intentar tapar esa huella de complicidades.