No se puede regalar el Constitucional a un Gobierno

Si la decencia de la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional no lo remedia, en breves días el Gobierno se hará con el control absoluto del órgano de garantías, con el evidente intento de garantizar la supervivencia de sus leyes más dañinas, autoritarias y sectarias incluso cuando Pedro Sánchez abandone la Presidencia tras una derrota electoral que cada día se antoja más segura.

La jugada en marcha prevé un acuerdo previo entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial, todos los magistrados de orientación progresista y alguno del sector conservador para nombrar a dos vocales afines al Gobierno. Y después se remataría con la dimisión del propio Lesmes, al objeto de obligar a renovar el Poder Judicial sin tener en cuenta las exigencias europeas de garantizar su independencia.

El objetivo es tan burdo como evidente: acabar con la separación de poderes, someter de inmediato la Justicia al interés político del Gobierno y, finalmente, perpetuar el tristísimo proyecto de ingeniería social que encabeza Sánchez incluso cuando él no esté en el poder.

Porque si al corto plazo el abordaje al Constitucional y al Consejo General concede al Gobierno el mismo control que ya tiene, de manera grosera, sobre la Abogacía del Estado y la Fiscalía General; al largo le permite aspirar a consolidar una España distinta a la conocida y sustentada en leyes ideológicas, inhumanas y delirantes como la educativa, la de eutanasia, la del aborto y libertad sexual o la de memoria democrática.

Y tampoco hay que desdeñar que, en otros órdenes como el territorial, un Constitucional sumiso le permita acelerar su listado de galopantes concesiones anticonstitucionales a sus socios independentistas.

Que el desafío se desate pese a las advertencias de la Comisión Europea, que incluso va a desplazar a su Comisario de Justicia a España para desbloquear la situación y garantizar la independencia judicial frente al asalto político, lo dice todo de las intenciones de Sánchez, definitivamente destapadas.

Porque por ciertos que sean los efectos negativos de renovar el Poder Judicial, mucho más lo son los estragos de hacerlo manu militari para someterlos al Ejecutivo más sectario y autoritario que ha tenido nunca España.

Lesmes debe ser el primero en explicar y asumir esto, y el máximo responsable de encauzar el proceso de renovación por una senda que no ponga en peligro la separación de poderes.

Y con él, los propios magistrados, que han de olvidar sus inclinaciones políticas y demostrar que, por encima de ellas, respetan su función y entienden lo que está en juego: nada menos que una idea de España sustentada en el Estado de derecho y los procedimientos democráticos.

Nadie entendería que se rindieran unos ni que otros antepusieran sus filias ideológicas a sus responsabilidades democráticas. Y si el presidente del CGPJ no lo entiende y claudica a las presiones, quedará estigmatizado para siempre como el magistrado que entregó la Justicia a un Gobierno sin límites ni principios.