El Gobierno no baja impuestos, los sube y disimula

Acuciado por el ejemplo de las Comunidades Autónomas presididas por el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a asumir la imperiosa necesidad de reducir la carga fiscal sobre los españoles. O al menos a decirlo.

Porque viendo el paquete de medidas anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la realidad dista mucho del anuncio: las rebajas, de serlo, son en exclusiva para las rentas más modestas, por debajo de los 21.000 euros brutos anuales: se trata del 22 % de los trabajadores y, en su conjunto, aportan apenas el 9 % de la recaudación total del Estado.

Cualquier mejora para ellos será bienvenida, sin duda, pero no se puede presentar como una revolución fiscal un mero parche en auxilio de quienes, por razones obvias de renta, menos contribuyen ya al sostenimiento de las arcas públicas.

Porque el grueso de los ingresos públicos, en la parte relativa al IRPF, procede de los salarios de entre 30.000 y 60.000 euros, que aportan el 36 % de la recaudación cuando apenas son el 18 % de los contribuyentes.

Y algo parecido puede decirse de las retribuciones más bajas o más altas sobre esa horquilla: los que ganan entre 60.000 y 150.000 euros, que son solo el 3,6 % de la población, aportan el 21,5 % del total. Y los que ingresan entre 21.000 y 30.000 euros, que suponen el 16 % de la población, ponen el 15 %.

A falta de detalles, lo que realmente ha hecho el Gobierno es negarse a deflactar el IRPF, para que nadie pierda poder adquisitivo por la escandalosa inflación mientras el Estado bate récord de recaudación; negarse a aliviar las cargas fiscales de las clases medias; hacer un leve gesto propagandístico a quienes menos tributaban ya y, por último, subir los impuestos a los llamados «ricos» esparciendo la falaz idea de que no hacían hasta ahora el esfuerzo que sin duda ya venían soportando.

La conclusión es bien sencilla: Sánchez no quiere renunciar a ingresar a 32.000 millones de euros de «beneficios caídos del cielo» por la inflación, que ha empobrecido una media del 10 % a todos los españoles. Y además pretende imponer, con su habitual dialéctica frentista, un falso pulso entre ricos y pobres que diluya su propia responsabilidad en la miseria imperante.

España soporta uno de los cinco mayores esfuerzos fiscales del mundo, aunque la presión fiscal relativa al PIB sea baja por su menor número de cotizantes, derivado del exceso de paro y de economía sumergida.

En ese contexto, lo que haría falta sería renunciar a la voracidad recaudatoria, aunque con ello decayera el perverso sistema asistencial que Sánchez quiere consolidar, con pagas efímeras y subvenciones absurdas, para condicionar el voto de los receptores de las ayudas.

Nada de eso está presente en las propuestas de Montero, un mero brindis al sol para salir del paso de la lección fiscal que ha recibido el Gobierno desde Madrid, Andalucía, Murcia o, incluso, Valencia.

La realidad es que, con la excusa de mantener el Estado de Bienestar, no renuncia a sostener el Bienestar del Estado, aunque sea a costa de hundir la economía productiva, asfixiar a las clases medias e hipotecar la salida de una crisis que con estas políticas va a costar años superar.