Ni Europa ni Feijóo pueden ceder al asalto judicial de Sánchez

Ni la atenta y prolongada visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, va a paralizar el bochornoso asalto al Poder Judicial que Pedro Sánchez encabeza, sin resuello, prácticamente desde su primera investidura.

Porque su insistencia en renovar el Consejo General con una fórmula que dé primacía a los magistrados sobre los partidos políticos parece haber caído en saco roto para Moncloa. Y el «Plan B» de que, al menos, acepte una reforma legal para que la próxima renovación se haga por ese procedimiento, también se antoja remota.

Sánchez quiere dominar ya el Tribunal Constitucional, por razones que solo pueden ser perversas y relativas a blindar sus leyes más sectarias y sus componendas con los separatistas, y a ese objetivo subordina todos los demás.

De confirmarse esa posición, la respuesta solo puede ser una en España y en Europa: aquí, sin duda, tratar de evitar ese asalto al Constitucional y, desde luego, bloquear en la medida de lo posible la renovación del Poder Judicial hasta que se haga con arreglo a unos parámetros democráticos.

Y en Bruselas, esperar a que Sánchez culmine su atentado contra la separación de poderes y actuar en consecuencia: si España deja de respetar las indicaciones europeas y se salta sus controles de calidad del Estado de derecho, podrá y deberá aplicar las sanciones que en países como Hungría o Dinamarca ya ha activado.

Porque no se puede asistir pasivamente a una agresión tan evidente al núcleo mismo de la democracia, cuya solidez depende entre otras cosas de una perfecta distinción entre poderes necesariamente autónomos: la Justicia no puede depender del Gobierno sin que, a la vez, se deteriore todo el edificio institucional.

Y frente a las simplezas retóricas de Sánchez, que lo resume todo en una resistencia numantina del PP a aceptar los resultados electorales, prevalece la evidencia de los abusos que él comete allá donde consigue sus objetivos: desde el CIS hasta la Abogacía del Estado o la Fiscalía General, se han convertido en herramientas del partido ajenas a su mandato institucional y destinadas a dar cobertura a las peores ideas del Gobierno.

No está en juego, pues, el color del órgano de gobierno de los jueces. Y ni siquiera la imagen y el funcionamiento de la Justicia, con ser todo ello de relevancia evidente. Lo que está sobre la mesa es la democracia, desafiada por un presidente sin líneas rojas y convencido de que todo lo que no esté a su servicio ha de ser derribado u ocupado.