Sánchez ha vendido al idioma español en Cataluña

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, ha revelado en TV3 uno de los acuerdos secretos que, según él, ha alcanzado con Pedro Sánchez en la llamada «Mesa del diálogo», el eufemismo de un contubernio entre el PSOE y ERC que se salta las instituciones parlamentarias donde, en una democracia formal, se dirimen las diferencias políticas, se alcanzan consensos o se visualizan rechazos.

Y no es baladí: nada menos que la renuncia de Sánchez a pelear porque en la escuela pública catalana se estudie al menos un 25 por ciento en español, un objetivo modesto y cargado de lógica que, además, está protegido por la Constitución y refrendado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el mismísimo Tribunal Supremo.

No se puede asegurar que lo dicho por Aragonès sea cierto, pero es indudable que las consecuencias sí lo son: el Gobierno no ha hecho nada por restituir la ley en el ámbito educativo catalán y, además, ha renunciado a recurrir la burda maniobra legal de la Generalidad para aprobar una norma que pretende ser de superior jerarquía a la legislación nacional vigente y a su irrefutable jurisprudencia práctica.

Si los efectos de ese supuesto pacto en la sombra son reales, es verosímil que el acuerdo existiera, de manera tácita o expresa, como lamentable cambalache al respaldo de ERC a un Gobierno dispuesto a ceder lo más sagrado para sobrevivir: renunciar al idioma de todos en una parte de España o liberar a etarras en otra, el País Vasco, para satisfacer las aspiraciones de quienes le tienen intervenido y se lo recuerdan a diario.

El único desmentido creíble a esta bravata del presidente catalán sería poner en marcha los mecanismos legales para acabar con el sinsentido de que se persiga al idioma de todos dentro de España, edificando sobre una política lingüística excluyente un proyecto identitario lamentable.

Y si Sánchez no lo ha hecho hasta ahora, con un desdoro impropio del presidente del Gobierno, es dudoso que lo haga en el futuro: su matrimonio de convivencia con el separatismo, muy similar al que mantiene con el populismo y sus distintas caras, llegó a España para quedarse es la única manera que tiene y tendrá el PSOE para conservar el poder.

Los ciudadanos deben tomar nota de los rescates que paga Sánchez con tal de sobrevivir. Pero también de los objetivos que tiene en su empeño en colonizar al Tribunal Constitucional o intentar evitar la alternancia: no quiere que nadie pueda enmendarle la plana, bien desde instancias legales del máximo nivel, bien desde el puesto que él ocupa ahora mismo.

Porque la única manera que tiene Sánchez de eternizar sus propósitos es lograr un control absoluto de todos los poderes y contrapoderes que regulan una democracia amenazada, sin duda, por sus peajes y sus excesos.