Pedro Sánchez traiciona a España

Tal y como se temía, el Gobierno ha oficializado desde la solemnidad del Congreso la próxima rebaja del delito de sedición, una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asumido y anunciado en nombre del presidente, de viaje por África.

Más que un cambalache obsceno, que lo es, estamos ante un burdo chantaje exhibido en público por el partido de Junqueras que Sánchez ha aceptado, pagando como rescate de su Presidencia con una moneda que no es suya y a un precio que no se puede permitir España.

Nada menos que terminar de indultar a los responsables del golpe contra la Constitución en Cataluña, en octubre de 2017, permitiéndoles retornar sin miedo a la Justicia y rehabilitándoles del todo, en los casos que ya disfrutaban de la vida indultada en libertad, para volver a ejercer cargos públicos al corto plazo.

El Debate ya desveló antes del verano los expedientes elaborados por el Ministerio de Justicia para anular las sentencias del Tribunal Supremo contra nueve cabecillas de la asonada, entre ellos Junqueras, demostrativos de la falta de fundamento y del espurio interés político que los impulsó.

Si ésa fuera la primera fase, ésta de devaluar el delito de sedición es la segunda y definitiva, con gravísimas consecuencias en el presente e incalculables en el futuro. Porque lo que Sánchez ha hecho para lograr el apoyo de su aliado separatista es, nada menos, invitarle a repetir la insurgencia institucional cuando las circunstancias se lo aconsejen, quizá con otro Gobierno menos laxo y dadivoso.

Y cuando llegue ese momento, sabrá que sus actos apenas tendrán reproche legal y podrán perpetrarse con la tranquilidad que concede la sensación de impunidad a punto de consagrarse.

El bochorno que produce ver a todo un presidente del Gobierno de España renunciando al imperio de la ley, al respeto a la Constitución y al aislamiento de sus enemigos es aún mayor al repasar las mentiras que lo envuelven: no es verdad que en Europa no se castiguen delitos similares, y utilizar ese argumento añade una mentira al desdoro.

Lo habitual en las democracias occidentales es que se persiga a quienes las amenazan, y no que se anulen las leyes que facilitan su contención. El propio Sánchez lo sabía cuando, lejos de minusvalorar el tipo legal de la sedición, defendía el endurecimiento del de rebelión, convencido de que era el más razonable para enjuiciar a los golpistas.

El viaje de un extremo al otro no obedece a una reflexión profunda y meditada, ni mucho menos a la renuncia del separatismo a lograr sus objetivos por la fuerza. Es la metamorfosis soez de un dirigente sin principios que solo aspira a eternizarse pagando con lo que no es suyo y debilitando lo que es de todos.

Por esa misma razón el Partido Popular, y su presidente Alberto Núñez Feijóo, tomaron la determinación de suspender las conversaciones para renovar el Poder Judicial. El partido alega, acertadamente, que no seguirán negociando con el PSOE hasta que «decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional».