Tienen que anular la ley y destituir a Irene Montero
El estropicio provocado por Sánchez ya no tiene remedio, pero por respeto a la ciudadanía debe ponerle un broche de cierta decencia y no un mero apaño
Nada de lo que haga ya Pedro Sánchez podrá borrar ni compensar el escandaloso desaguisado inducido por él mismo, su Gobierno y su ministra de Igualdad, autores al unísono de una ley bochornosa que, lejos de proteger a las mujeres de la amenaza de los delincuentes sexuales, ha salido al rescate de éstos.
Más de 400 condenados han visto ya rebajada su pena, 30 más han salido incluso de prisión y cientos, cuando no miles, lograrán los mismos beneficios incluso en el caso de que se modifique la legislación: los expertos calculan que el 10 por ciento de los condenados en el pasado obtendrán esas rebajas gracias a la infinita temeridad del presidente.
Un estropicio de esta magnitud no se solventa con una rectificación, que bien pudo hacerse antes de la aprobación del engendro: no fue un error ni un accidente inesperado, como intentan hacer ver ahora desde Moncloa, sino una decisión premeditada y alevosa adoptada a pesar de tener sobre la mesa ingentes advertencias formales de lo que podía ocurrir.
El propio Poder Judicial, el 25 de febrero de 2021, emitió un largo informe desmontando la supuesta novedad del «consentimiento» como eje de la reforma; recordando que ya estaba presente en el Código Penal vigente y alertando sobre los efectos perniciosos que tendría la nueva normativa para las víctimas. Y no le hicieron caso.
Sin esas señales, la ley tampoco debió prosperar, a poco que al Ejecutivo le asista la prudencia y el sentido común que cabe esperar de quien dirige un país. Pero con ellas, es simplemente inaceptable que algo así haya pasado y que, por imponer un delirio derivado de la enfermiza ideología de género que envenena a la coalición, se hayan aumentado el dolor de las víctimas y el pánico de la sociedad en su conjunto.
La disputa entre el PSOE y Podemos, instigadores del desastre, por cambiar o mantener la ley pensando exclusivamente en sus intereses electorales, añade un epílogo deplorable al despropósito y obliga a la sociedad a exigirles cuentas, hagan lo que hagan finalmente.
Porque si no hay dimisiones, si al final apañan una reforma pactada que aspire a salvar las caras de ambos partidos, y si además se redobla la propaganda en defensa de una ley discutible en su conjunto como tantas otras de este Gobierno negligente; el mensaje de impunidad será terrible.
Solo para empezar, Irene Montero debe dejar de ser ministra. Y con ella todos sus colaboradores y todos los miembros del Gabinete que no se desmarquen públicamente de este desastre y no se disculpen, sinceramente, ante la perpleja ciudadanía.
Si Sánchez, que es coautor de todo, no toma esas decisiones, su futuro quedará inevitablemente unido al de los desperfectos de una ley de la que él presumió y toleró que se aprobara con su firma y su aparente iniciativa. Su caso ya no tiene remedio, pero al menos puede ponerle un ápice de dignidad en una despedida a la que solo queda ponerle fecha.