El escándalo del Barça exige decisiones urgentes

El FC Barcelona se gastó al menos siete millones de euros en contratar el asesoramiento de Enríquez Negreira durante varios años, mientras el beneficiario de ese dineral era vicepresidente del Comité de Árbitros, tal y como está perfectamente documentado y comprobado.

Solo esa certeza es suficiente, más allá de las consecuencias legales o de toda índole que pudiera tener, para considerar los hechos un escándalo sin precedentes. Da igual cuáles sean las excusas que se esgriman, todas endebles y bochornosas: lo cierto es que un club deportivo contrató a uno de los responsables de velar por la higiene de la competición, sustentada en buena medida en la independencia de los árbitros.

Que gracias a los emolumentos cobrados por este siniestro personaje el Barcelona lograra una ventaja deportiva o no, es una incógnita, pero la mera sospecha es inaceptable y pone en entredicho, sin la menor duda, todos los títulos y decisiones favorables obtenidos o recibidos en ese tiempo.

¿Cómo no va a ser razonable pensar que uno de los responsables de decidir qué árbitros promocionan va a preferir hacerlo con aquellos sensibles a los desvelos de quienes le contrataban a él? No se puede ser juez y parte, como no se puede sostener, sin hacer el ridículo, que a Negreira no se le pagaba por su posición privilegiada y su inmensa ascendencia en un colectivo decisivo en los resultados deportivos.

Y no son estas sospechas las que ponen en cuarentena la trayectoria del Barça, sino su propio comportamiento. Ahora es legítimo, cuando no imprescindible, preguntarse hasta qué punto las oscuras relaciones entre el club y este dirigente han adulterado títulos, victorias, ascensos, descensos e incluso apuestas deportivas, pues el favor arbitral afecta a todos esos ámbitos.

Tampoco es fácil de entender la actitud del propio Gobierno, que intenta situar la responsabilidad en la Federación Española de Fútbol, lastrada a su vez por el polémico currículo de su presidente, Luis Rubiales, y por los insólitos acuerdos económicos que ha mantenido con un icono blaugurana, Gerard Piqué, enriquecido igualmente por el favor federativo de trasladar a Arabia Saudí una competición nacional.

Si a esto se le añade el pavoroso silencio del ministro de Deportes, el catalán Miquel Iceta, y la inquietante modificación de la legislación deportiva que vacía de consecuencias penales los posibles delitos fiscales cometidos; es imposible no preguntarse si ha habido muchas complicidades en este triste asunto.

La falta de medidas disciplinarias, de investigaciones formales e incluso de simples posicionamientos públicos, cierra un círculo sombrío en el que no es difícil adivinar en el Gobierno la misma tolerancia que con el independentismo catalán, del que el Barcelona ha sido un estilete en los últimos años.

Porque si Sánchez ha sido capaz de indultar a delincuentes y derogar delitos que dejan indefenso al Estado, ¿cómo no creerse que en este asunto es bien capaz de mirar para otro lado, cuando no de ponerse a favor de que todo quede impune?