La rendición del Gobierno ante Bildu

El Gobierno ha enterrado definitivamente la política de dispersión de terroristas que, durante lustros, fue clave para disgregar a un colectivo especialmente decisivo en ETA y para lograr, a la vez, que muchos de ellos aceptaran colaborar con los Cuerpos de Seguridad y la Justicia.

Pero sería más acertado decir que, en realidad, Sánchez se ha sometido a las exigencias de Otegi y que, para facilitar la liberación paulatina de los etarras, ha ido adoptando decisiones con ese inaceptable objetivo, en un plan perfectamente calculado para satisfacer el bochornoso pacto con Bildu, resumido en la célebre frase de su líder: «Presos por presupuestos».

Primero transfirió las competencias penitenciarias al País Vasco; después ordenó el traslado a las prisiones ubicadas en el País Vasco y Navarra de presos que, en sus cárceles de origen, carecían del respaldo profesional de las Juntas Penitenciarias para obtener la semilibertad, tal y como reveló El Debate y, finalmente, se facilitó con todo ello un goteo de liberaciones por la puerta de atrás, una vez quedan bajo la autoridad del PNV.

Que en la última remesa de acercamientos se incluyera a Amaia, la pareja del sanguinario Txapote condenada como él por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, refleja la catadura del impúdico acuerdo, perpetrado con alevosía para garantizar el respaldo de la nueva Batasuna a un presidente intervenido por sus aliados y dispuesto, siempre, a pagar las facturas más nefandas que le giran a cambio.

Porque es cierto que todos los Gobiernos han acercado a terroristas al País Vasco o que, incluso, han dialogado con ETA. La diferencia abismal entre unos y otros es por qué lo hacían y a cambio de qué: no es lo mismo facilitar la rendición que posibilitar la victoria, que es lo que Sánchez está permitiendo con su indigna sumisión a Bildu.

Porque el final de la dispersión está siendo también la consolidación de la impunidad, resumido en la salida de prisión anticipada de terroristas, la participación de Bildu en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática, la indecente equiparación entre víctimas y verdugos y la concesión al universo abertzale de un relato falso que invierte los términos del horror y legitima a quienes lo practicaron y los fines que buscaban.

Una democracia plena nunca se edifica sobre la venganza, pero mucho menos sobre la mentira y el relativismo, que en este caso blanquea a una organización incapaz de confesar sus pecados, pedir disculpas sinceras y ayudar a esclarecer los más de trescientos asesinatos que aún no tienen respuesta.

Mientras el Parlamento Europeo ha declarado los crímenes de ETA de lesa humanidad y ha exigido que se aclaren, el Gobierno de España ha transformado a la organización política que no reniega de ese pasado en un socio preferente. Y le ha entregado una victoria moral que, además de dañar a la verdad, perpetúa el orgullo de los responsables del terror y da a sus cómplices anímicos, como poco, un liderazgo social y una hegemonía política intolerables.

No es de extrañar que la respuesta popular a tanto abuso haya quedado condensada en un lema que perseguirá ya a Sánchez para siempre: «Que te vote Txapote».