¿Por qué esconden los indultos a dos madres delincuentes?

La opacidad de Pedro Sánchez, que justificó su moción de censura apelando a la transparencia y a la higiene democrática, ha batido todos los récord conocidos desde 1978 y acumula sanciones, resoluciones y sentencias para recalcarlo en algunas de las instancias oficiales más relevantes del Estado de derecho. Y por las más variopintas razones, a cuál más bochornosa.

Desde esconder el uso indiscriminado para asuntos personales del célebre Falcon hasta ocultar el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra, pasando por las triquiñuelas desplegadas para trasladar terroristas a cárceles del País Vasco, en contra del criterio de los profesionales penitenciarios, o la extravagante inexistencia aparente de la carta original remitida al Rey de Marruecos para entregarle el Sáhara.

Todo en Sánchez, y por extensión en el Gobierno, se gestiona con un criterio inversamente proporcional a la retórica cansina empleada en presumir de intenciones, hasta el punto de llegar a la desfachatez de exigirle al presidente del PP la difusión de su nómina mientras Pedro Sánchez guarda la suya, incomprensiblemente, bajo siete llaves.

Y ése es el contexto en el que se ubica la sonrojante resistencia a entregarle a El Debate los expedientes de los indultos concedidos a Juana Rivas y María Sevilla, condenadas por gravísimos delitos cometidos contra sus hijos y, a la vez, beneficiarias de un intolerable apoyo político del Gobierno. Que además de librarlas de prisión, las presentó como una suerte de «madres coraje» no solo inocentes, sino también heroicas en su incomprendida tarea de salvar a sus propios hijos de unos peligros que, en realidad, solo representaban ellas.

El Gobierno, que también se resistió a dar a conocer su argumentario para indultar a Oriol Junqueras y otros ocho condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, ha recurrido ahora a la Audiencia Nacional para demorar algo que debiera hacer voluntariamente, sin necesidad de que un periódico tuviera que reclamar la aplicación de un derecho ciudadano elemental.

¿Qué esconden esos expedientes como para hacerlos tan vergonzosos? ¿A qué tipo de presiones cedió Pedro Sánchez, quizá de su propio Ministerio de Igualdad, como para ahora avergonzarse de la decisión que adoptó y rubricó?

Resulta verosímil creer que los indultos a ambas condenadas tuvieron el mismo estímulo que la ínclita ley del 'solo sí es sí' y que ahora, una vez reformada ésta tras auxiliar a más de mil delincuentes sexuales, Sánchez no quiere que se conozca que la ayuda a Rivas y Sevilla se inspiró en los mismos delirios ideológicos de sus socios, suscritos por él mismo.

Pero sean cuales sean las razones, no hay duda de las consecuencias: Sánchez utilizó sus prerrogativas para convertir en víctimas a dos delincuentes peligrosas. Y consintió que las presentaran como ejemplos públicos, lanzando el inquietante mensaje de que sus comportamientos merecen un premio y no un castigo. Antes o después se conocerá el contenido de sus expedientes a favor de la impunidad, pero no es osado temer que sean un glosario de barbaridades.