Sánchez, El Debate y el derecho a la información

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha frenado el intento de Pedro Sánchez de esquivar la rendición de cuentas públicas que debiera hacer voluntariamente, con una resolución en favor de El Debate sin precedentes.

Porque desautorizar a la Abogacía del Estado, al servicio de la Moncloa, en su misión de evitar que el presidente del Gobierno dé todos los detalles de uno de sus suntuosos viajes, en este caso a Estados Unidos, es ante todo una victoria del derecho a la información que tienen los ciudadanos y, en su nombre, ejercemos los medios de comunicación por delegación.

La tenacidad de este periódico, denostado por Sánchez como un fabricante de bulos que en realidad son pulcras informaciones documentadas sobre sus comportamientos abusivos, ha logrado algo bueno para el conjunto de la sociedad y de quienes ejercen el periodismo.

Derribar las caprichosas barreras que suele poner el poder para tapar sus excesos con el gasto público, su nepotismo, su galopante falta de transparencia y la perversa utilización de los recursos obtenidos de la asfixiante presión fiscal a la que se somete al contribuyente, sea una persona física o jurídica.

En este caso ha hecho falta más de un año para que El Debate lograra primero el respaldo del Consejo de Transparencia, que obligó a Sánchez a informar de todos los detalles de uno de sus viajes, desechando el manido argumento de que, al hacerlo, se comprometía la seguridad del presidente o los intereses nacionales.

Dos excusas lamentables que Sánchez ha utilizado, sistemáticamente, para proceder sin ningún control e intentar, a continuación, clasificarlo incluso como secreto oficial sirviéndose de una ley promulgada en tiempos de Franco.

Ni con esos varapalos de Transparencia ha sido suficiente para que el líder socialista cumpla con su obligación, hasta el punto de movilizar a la Abogacía del Estado para tratar de evitarlo. Y a eso se ha negado el Tribunal Superior, que se suma a la pléyade de organismos oficiales e instituciones judiciales que han puesto pie en pared ante los excesos de Sánchez.

Porque este presidente ha sido reprendido como nadie por el Consejo de Transparencia, pero también por el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional o el Consejo de Estado, entre otros, trazando todos ellos un perfil impropio de alguien con un cargo tan elevado y unas costumbres tan rastreras.

Irse a Estados Unidos en el Falcon o el Airbus con 37 personas, no identificarlas a todas, alojarse en hoteles de lujo sin precisar, carecer de agenda política y ser incapaz de precisar los beneficios de todo ello para España no es un derecho de Sánchez, ni de ningún presidente.

Y tener que pelear porque esa evidencia se imponga dice mucho de los valores democráticos del Gobierno, pero también del valor de los medios de comunicación independientes y de la solidez de las pocas instituciones del Estado que Sánchez no ha podido colonizar.

Cuando el candidato del PSOE vuelva a acusar de difundir bulos a cualquier medio, escurriendo el bulto ante hechos comprobados y documentados, todo el mundo podrá replicarle desde hoy que hasta un órgano tan importante como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha parado los pies.

Dar explicaciones no es una opción; es una obligación. Y no poder darlas y que resulten convincentes, tal vez la mejor prueba de que el propio Sánchez es consciente de sus reiterados abusos, de su ostentación inane y del bochornoso uso del Estado para fines ajenos a su condición de presidente.