Yolanda Díaz debería ser destituida

El viaje semiclandestino de la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España a Bruselas, para implorarle al prófugo Puigdemont su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, es uno de los episodios más bochornosos vistos nunca en 45 años de democracia. Solo cuando la corresponsalía de El Debate reveló los hechos, Yolanda Díaz los reconoció, intentando dar normalidad a una humillación política que afecta a todo el país. Porque no se trata de la candidata de un partido con escaso respeto por las instituciones, sino de la vicepresidenta de un Ejecutivo cuyos socios, tras perder las elecciones generales, intentan sobrevivir a cualquier precio.

Incluso al precio de someterse a un huido de la Justicia con causas pendientes en España por desatar el mayor desafío a la Constitución desde que el coronel Tejero asaltara el Congreso para subvertir el régimen impulsado por la Constitución de 1978. La misma que como Tejero Puigdemont y los suyos quieren finiquitar sin oposición del PSOE o Sumar. La mera disposición a reunirse con el líder de Junts fuera de España es una victoria simbólica para él, que logra una legitimidad personal y política incompatible con su currículo y con sus intenciones. Porque si el mero encuentro es un acto de sumisión inaceptable, su previsible contenido ahonda en la vergüenza: Díaz va a Bruselas, en nombre también de Pedro Sánchez, por acción u omisión, a negociar el precio de una investidura.

Y es inútil mentir. Ya sabemos que este Gobierno considera la mentira un instrumento político legítimo y que muchos españoles lo han validado con su voto en las pasadas elecciones. Pero sigue siendo mentira, aunque el Gobierno de la nación lo afirme, decir que Yolanda Díaz acudió a la reunión de Bruselas en su condición de jefa de Sumar y no en la de vicepresidente del Gobierno. Porque entre sus acompañantes estaban su jefe de gabinete en la Vicepresidencia del Gobierno, Josep Vendrell, y la máxima responsable de comunicación del Ministerio de Trabajo, Virginia Uzal. Si los billetes de Iberia de ambos altos funcionarios fueron expedidos contra una cuenta de Sumar o alguno de sus partidos, podría justificarse que estaban allí en función de su militancia en alguna de las formaciones de la coalición. Y aunque esto fuera cierto, habría que explicar por qué en un día en que están cobrando su sueldo del erario público en su condición de sus cargos públicos habían viajado a Bruselas por razones partidistas. Es inútil insistir con la mentira. Yolanda Díaz estuvo ayer en Bruselas como vicepresidente del Gobierno para negociar con un prófugo de la Justicia española.

Y si todo lo anterior sería impresentable en cualquier circunstancia, mucho más lo es en una en la que Puigdemont ya ha revelado parte de sus exigencias, a la espera de que las detalle todas en una comparecencia pública este martes. Por ahora sabemos que Puigdemont exige nada menos que una amnistía general para todos los procesados en aquel golpe institucional y, probablemente, un referéndum de independencia, vinculante o no, pero en todo caso impagable para legitimar sus planes rupturistas.

Si lo primero indulta al conjunto del procés y suscribe la falacia de que España es un Estado represor, lo segundo remata el delirio avalando una ruptura pactada inviable. Todo ello demuestra, una vez más, la falta de valores y de escrúpulos de Sánchez, empeñado en mantener el poder a toda costa, aunque en su codicia política se incluya un deterioro de la España constitucional irreversible en muchos aspectos.

Si es verdad que Yolanda Díaz ha acudido en su condición de dirigente de Sumar, debería ser destituida hoy mismo. Especialmente si fuera verdad que el PSOE no suscribe su viaje, ni acepta sus eventuales compromisos. Y en un Estado de derecho normal la Fiscalía General del Estado estaría estudiando la aplicación del artículo 451 del Código Penal que establece que «será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: (…) 3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: (…) b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.» Una Fiscalía digna de ese nombre haría que la inmensa sonrisa que Yolanda Díaz dedicó ayer a Carles Puigdemont se congelase. Pero como ya nos ha dicho Sánchez de quién depende la fiscalía y eso no ocurrirá, queda claro que es una enviada especial del presidente del Gobierno, un dirigente incapacitado para proteger los intereses de España. Nadie, en realidad, los deteriora más que él.