Sánchez impulsa la demolición de la Constitución

La clara disposición del PSOE y de Sumar para, en connivencia con todos los partidos independentistas a la vez, impulsar en tiempo récord una Ley de Amnistía para Puigdemont y todo el movimiento que encabezó en 2017; marca un antes y un después en la historia de la democracia en España.

Nunca antes, de manera tan grosera, se había conculcado el mandato de las urnas para que un candidato perdedor, Pedro Sánchez, obtuviera el poder comprándose apoyos parlamentarios con flagrantes ilegalidades que, en el caso que nos ocupa, sobrepasan todos los límites de la Constitución.

La amnistía no solo legaliza de facto los intentos de independencia a la fuerza y rompe las costuras de la legalidad, que es la clave de bóveda de la convivencia pacífica; sino que además criminaliza al Estado de derecho, cargándole una culpa necesitada de redención por el mero hecho de defenderse de los desafíos del separatismo.

La imperiosa necesidad de Sánchez de mercadear con la ley demuestra, además, las mentiras que una vez más soltó en la última campaña electoral, cuando se vanagloriaba de que su política en Cataluña había pacificado como nunca la tensión: si esto fuera cierto, ¿por qué ahora estamos más cerca que nunca de presenciar concesiones gravísimas e irreversibles?

El comportamiento de Sánchez no solo es temerario, también se adentra en la ilegalidad, al aceptar la extorsión política pública de dirigentes que vinculan su proclamación a la ruptura de la soberanía española. Que queda amenazada por la amnistía de todo delito de corte soberanista y definitivamente sometida si, además, se añade un infame apaño pseudolegal para admitir una especie de referéndum de autodeterminación, al que Puigdemont vincula su decisión definitiva.

Los cinco años de Sánchez en la Moncloa han sido, desde sus inicios, un continuo desvarío institucional resumido en su constante sometimiento a la extorsión nacionalista, a la que ha concedido una cualidad determinante por su negativa a buscar soluciones de Estado, necesariamente vinculadas a acuerdos con el otro gran partido nacional.

España no está amenazada por el separatismo, que apenas representa el 6 por ciento del voto nacional, sino por el empeño de un dirigente irresponsable en vincular su supervivencia a una minoría radical cuyo único interés en respaldarle obedece a la certeza de que, gracias a ello, avanzará en sus siniestros planes.

Sánchez no tiene derecho a comerciar con la estructura del Estado ni con los cimientos de su legalidad, que es la expresión escrita y articulada de un bien muy superior: la existencia de una nación de ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, bajo un acervo cultural, histórico, económico y jurídico que respeta e integra sobradamente las distintas sensibilidades.

Sea cual sea el desenlace de todo, el daño ya está hecho: Sánchez ha normalizado el abuso y ha deteriorado la norma, incluyendo en su agenda de sumisión al separatismo un burdo intento de negación de la alternativa democrática, asfixiada por la criminalización de las alianzas del PP con Vox y la negativa socialista a entenderse en nada con los populares.

La historia juzgará a Sánchez con severidad, sin la menor duda, pero los daños que provoca su actitud se notan ya en el presente. Porque España está más cerca que nunca de ver cómo, desde el propio Gobierno, se subvierte la legalidad constitucional, sin que parezca sencillo encontrar la fórmula democrática para evitarlo.