Sánchez no puede gobernar con enemigos de Israel

La airada protesta de Israel por el respaldo de parte del Gobierno de España al terrorismo fundamentalista, con la excusa humanitaria de la población civil palestina, está más que justificada y no se anula, sino todo lo contrario, con la airada réplica del Ejecutivo español, negando los hechos y acusando al Estado hebreo de falsear la realidad.

Todo el mundo ha visto cómo, en público, buena parte de los dirigentes de Sumar y de Podemos con cargos institucionales han aprovechado sus mensajes de solidaridad con los palestinos para insultar, denigrar y acusar a Israel de crímenes de guerra y de perpetrar genocidios. E incluso alguno de ellos, como la ministra Ione Belarra, ha reclamado que se les juzgue en la Corte Penal Internacional.

Se trata de discursos y posiciones inaceptables en cualquier escenario, pero especialmente en uno de expansión del terrorismo yihadista, iniciado con una terrible matanza sin precedentes en varias poblaciones judías y continuado con atentados en Europa, saldados ya con tres crueles asesinatos en Francia y Bélgica.

Frente a esto, no caben equidistancias que, en la práctica, cargan de justificaciones a los agresores y reformulan la naturaleza del fenómeno fundamentalista, para transformar su visión medieval de Occidente en una especie de justificada cruzada contra la opresión en la que todo vale.

A la tolerancia de Pedro Sánchez en el ámbito doméstico, donde consiente que se negocie con la propia idea de España para lograr el respaldo de todos los partidos separatistas, se le añade así la coalición con formaciones antisistema, adheridas ideológicamente al heterodoxo bloque internacional en el que figura el islamismo yihadista patrocinado por Irán, el populismo sudamericano y el comunismo renovado de China o Rusia.

Todos ellos coaligados, de alguna manera, en la tarea de invertir el orden mundial e imponer su hegemonía, sustentada en la regresión de derechos y libertades y la imposición de regímenes totalitarios en nombre de distintas causas, conectadas por la negación de la democracia tradicional.

Denunciar a Hamás, y a todo lo que le rodea, y conjurarse en la defensa de los valores occidentales, no es incompatible con el respeto a los derechos humanos, instalados profundamente en ellos: la propia Israel, pese a su inevitable retórica belicista, ha demorado su intervención militar para facilitar la salida de Gaza de los palestinos, convertidos en rehenes y escudos humanos de los terroristas, siempre dispuestos a intentar blanquear su barbarie provocando el mayor número posible de víctimas civiles.

Ante eso, sin duda, hay que buscar la manera de conjugar la defensa con la humanidad, aunque no sea sencillo, pues nada adecentaría más al fundamentalismo que parecerse remotamente a él.

Pero para ello es imprescindible que nadie dude, al menos en Europa y los Estados Unidos, de la condición de Israel como víctima, ni de la necesidad de poner límites contundentes a la expansión del virus yihadista en nuestra sociedad, desde ese temerario buenismo que confunde la tolerancia con la aceptación del abuso.

Por eso resulta tristísimo que el Gobierno que más dudas emite en ese mensaje sea el español, en la enésima demostración del insoportable peaje que Sánchez tiene que aceptar de cada uno de sus socios o aliados para sobrevivir en el cargo.

Si ya era bochornoso verle sometido a Puigdemont, Otegi o Junqueras, comprobar ahora que también tolera el fundamentalismo de su socio de Gobierno para no desairarle es, simplemente, vergonzoso: daña la imagen de España, perjudica a la seguridad de los españoles y nos sitúa, como país, más cerca del lado oscuro de la historia.