El Senado retrata las vergüenzas de Sánchez

El Senado acogió una importante sesión, convocada por la mayoría popular de la cámara, que sirvió para reflejar varios hechos relevantes y de incuestionable gravedad, todos achacables a la insólita actitud del presidente en funciones.

Para empezar, sirvió para visualizar la inaceptable parálisis democrática forzada por el PSOE, en connivencia con Francina Armengol, consistente en el bloqueo del Congreso de los Diputados desde el pasado verano: no hay fijada fecha para la sesión de investidura que tanto exigió Sánchez, pese a su derrota el 23-J y su incapacidad para certificar los apoyos tantas veces anunciados; tampoco se convocan sesiones de control al Gobierno e incluso no se permite el funcionamiento ordinario de las distintas comisiones parlamentarias.

Todo ello, unido al evidente asalto al Poder Judicial y la transformación del Tribunal Constitucional en una extensión de la Moncloa, configuran un paisaje de excepcionalidad impropio de una democracia europea: no se puede tratar a las instituciones de rehén de un dirigente caprichoso, incapaz de entender que el cuidado del Estado de derecho está muy por encima de sus intereses personales, con frecuencia deplorables.

Por eso el Senado supuso un soplo de aire fresco frente al asfixiante control de Sánchez, dispuesto a congelar la propia democracia mientras negocia, casi en la clandestinidad, el precio del respaldo separatista a su investidura.

Y allí se pudo ver la naturaleza del cambalache: el presidente de la Generalidad de Cataluña evidenció que, más que una negociación con el PSOE, está en marcha una ceremonia de cambalache y extorsión en la que el nacionalismo pone precio a su apoyo y Sánchez intenta pagarlo entre falsedades, eufemismos y penumbras.

Pere Aragonés fue muy claro: su plácet al líder socialista tiene en la concesión de una burda amnistía el requisito previo, no la concesión final. Y lejos de servir para «pacificar» Cataluña, debe ser el trampolín para el objetivo real: pactar un referéndum de independencia que satisfaga el delirio independentista y conculque la letra y el espíritu de la Constitución, que son la manifestación legal de algo mayor, la existencia de una nación histórica sustentada en la igualdad de obligaciones y derechos de los españoles.

El plantón del Gobierno, unido a la cobarde ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE, es la prueba final del chantaje en ciernes: Sánchez no dejó sin respuesta a los presidentes regionales congregados en la Cámara Alta, sino al conjunto de los españoles, que tiene derecho a saber con qué mercadea el político que dice representarles y, en la práctica, les ignora y humilla.

Frente a ese escenario de abandono y sumisión que Sánchez intenta maquillar con arrogancia y silencio, es una buena noticia que muchos presidentes autonómicos lleven a las instituciones la voz acallada de los ciudadanos y dejen claro que pelearán con las herramientas democráticas disponibles contra un negocio espurio como el que Sánchez perpetra.

Ayuso, Moreno, Mazón, Rueda, Miras, Guardiola y el resto de responsables autonómicos representan, por el abandono socialista, la voz de millones de ciudadanos atónitos ante la disposición de Sánchez a atender las exigencias de Puigdemont, Junqueras, Otegi y Ortúzar, sin otro beneficio que el personal, no solo ajeno al general sino también incompatible con éste.

Si Sánchez logra llegar a la meta, no será gratis para España ni para su democracia ni para la convivencia. Pero es gratificante comprobar que, pese a todo, no podrá hacerle sin una respuesta contundente de las pocas instituciones autónomas que sobreviven, de una oposición poderosa y de una sociedad civil activa que, sin duda, no permanecerá callada ante tanto abuso.