Sánchez ataca a la Constitución

Lejos de ser el 45 aniversario de la Constitución una oportunidad para reforzar su vigencia, como traducción legal de ese bien mayor que supone la defensa de la convivencia de todos los españoles bajo el paraguas de la libertad y de la igualdad; el Gobierno la ha convertido en un penoso intento de legitimar su deriva contra ella.

Las palabras de Francina Armengol, que en apenas unos días ha transformado la Presidencia del Congreso en una herramienta sectaria de las necesidades de Pedro Sánchez, no dejan lugar a la duda. Porque ha reinterpretado la letra y el espíritu de la Constitución para adaptarla al chantaje que el independentismo comete a diario contra un presidente que solo puede serlo si acepta ese burdo peaje.

Pretender que la propia Carta Magna avala las consultas de independencia, como sostuvo Armengol entre eufemismos que no engañan a nadie, es una temeridad. Y sostenerlo en nombre de un presunto perfeccionamiento de la democracia, es sencillamente un insulto a la inteligencia.

La realidad es bien distinta. Al igual que la Ley de Amnistía no responde a un deseo de pacificar nada en Cataluña, pues refuerza clamorosamente los postulados del separatismo a costa de los derechos del resto de catalanes y del conjunto de España; la progresiva aceptación del derecho a decidir de una parte del territorio nacional no atiende a una concepción constitucional de la convivencia, sino a la burda aceptación de la extorsión de los partidos que han hecho viable la investidura de Sánchez.

Los artificios retóricos de Sánchez no esconden la naturaleza de sus decisiones, que oscilan entre la agresión a la sociedad española, el sometimiento a una ínfima minoría y el desprecio a las reglas del juego. Se trata, nada más, de atender el siguiente plazo de las condiciones innegociables que Junts, ERC o Bildu le han impuesto para ser presidente, y él ha aceptado sin rechistar.

Lo que Armengol propone, con un desparpajo indigno de la magistratura que desempeña, es consecuencia de los pactos escritos entre el PSOE y Junts, y de la presión que Puigdemont imprime para su cumplimiento, con reuniones a oscuras en Suiza.

A los españoles no se les ha preguntado si aceptan los indultos, defienden la amnistía, asumen una ley electoral ofensiva para las mayorías y potenciadora de las minorías antisistema, o si están de acuerdo con un sistema que entrega a perdedores de las elecciones el poder a cambio de dejarse intervenir por los enemigos declarados de la Nación que gobernarán.

Sánchez solo le ha preguntado a los militantes del PSOE por una amnistía que rinde a España ante el independentismo. Y solo le ha consultado a Puigdemont, en un cuarto a oscuras en Ginebra, si el siguiente paso debe ser un referéndum de ruptura.

Hacer todo eso en nombre de la soberanía nacional, como si defender la vigencia de la Constitución fuera un asunto reservado a nostálgicos y su despedazamiento una moderna propuesta política, justifica sin duda la respuesta contundente del Estado de Derecho que aún sobrevive a la ola antidemocrática en la que cabalga Sánchez.

Oponerse a esto no es una cuestión ideológica, sino de estricto respeto por los valores democráticos. Si Sánchez convoca a sus extorsionadores a una aventura kamikaze, España ha de convocar a los españoles a evitarla y a reconducir la vida institucional por el terreno de la cordura, la legalidad y la igualdad. Todo ello está ahora amenazado por un negligente sin límites.