La extraña operación de Sánchez en Telefónica

La entrada del Estado en una empresa multinacional es, por definición, algo inusual. Tienen misiones distintas, intereses alternativos y obligaciones a menudo antagónicas; amén de un campo de actuación sin comparación.

Solo ya por eso, la compra del 10 por ciento de Telefónica impulsada por el Gobierno, por un importe de 2.000 millones, merece muchas explicaciones, más allá de una nota informativa con pocos detalles y difundida a última hora del martes, lo que no ayuda precisamente a confiar plenamente en la operación.

Es cierto que países del entorno como Francia, Italia o Alemania tienen participaciones estratégicas en empresas similares. Y lo es también que el presunto asalto de Arabia Saudí a la compañía española, sin pedir permiso ni informar a nadie, podría justificar un acto defensivo para consolidar el control de una firma clave.

Pero si es una cuestión de seguridad nacional, no basta con intuirlo: se debe comparecer en sede parlamentaria, de forma oficial, y explicar hasta el último detalle de una operación que, si es de país, no puede ser gestionada individualmente por Sánchez como si solo él encarnara los intereses nacionales.

Y si no lo es, y la inversión saudí atiende a uno de los habituales movimientos del capital en mercados globales, todavía es más necesario activar las precauciones y exigir aclaraciones urgentes.

Porque existe la razonable sospecha de que el Gobierno, en su pasión intervencionista, se sirva del dinero público recaudado por el apabullante exceso de presión fiscal en una sociedad empobrecida, para cobrarse otra pieza en su visión controladora de todo en España.

Es lo que defienden abiertamente dirigentes como Yolanda Díaz, cuyo afán regulatorio se ha centrado peligrosamente en el mundo empresarial de meses para acá, con mensajes constantes sobre la perentoria necesidad de invadir los Consejos de Administración y el accionariado de las corporaciones sistémicas.

Y porque los precedentes no son precisamente tranquilizadores: la última operación parecida, en Indra, terminó con un militante del PSOE al frente de la corporación y la entrada en el capital de la empresa editora de los medios de comunicación más condescendientes con Pedro Sánchez.

Una tendencia que, con distintas modalidades, también se percibe en el nombramiento del exministro Pedro Duque para presidir Hispasat o el de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Sánchez, para dirigir Correos.

Finalmente, también merece explicaciones la coincidencia entre la millonaria inversión pública y el multitudinario ERE anunciado por Telefónica para miles de trabajadores de más de 50 años: sería increíble que el conjunto de los españoles costeara su generosa salida de la empresa, en unas condiciones magníficas para ellos, insoportables para el contribuyente e incompatibles con el discurso del Gobierno contra los despidos masivos.

Puede haber razones, en fin, para esta extraña decisión. Pero con este Gobierno las sombras son siempre más intensas que las luces: su afán controlador del Estado, en cada rincón e institución, no puede descartarse como móvil principal de un salto en Telefónica que sus directivos, por cierto, también tienen obligación de explicar. Y ya están tardando todos.