Sánchez regala Pamplona y Navarra a los amigos de ETA

Con una de las mayores indignidades cometidas nunca desde 1978, Pedro Sánchez ha decidido regalarle el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, el partido heredero de Batasuna, liderado por la misma persona que fue condenada por pertenencia a ETA y nunca ha renegado en serio del terrorismo.

El PSOE ha entregado de facto Navarra a una formación que, a cambio, le permite al propio Sánchez mantener la Presidencia, lo que coloca este acuerdo en sus términos exactos: un obsceno cambalache entre un extorsionador indisimulado, Arnaldo Otegi, y un extorsionado voluntariamente cuya codicia le lleva a mercadear con todo aquello que debiera ser el primero en proteger.

Porque Sánchez es presidente, exclusivamente, porque ha aceptado abonar una especie de «impuesto revolucionario» que le giran quienes, a cambio de su apoyo envenenado, avanzan en sus destructivos objetivos: Puigdemont y Junqueras, un prófugo de la Justicia y un condenado por ella, lo hacen para lograr el privilegio insolidario y la independencia de Cataluña.

Y el líder filoetarra para amnistiar de facto a los terroristas de ETA, anexionar Navarra al País Vasco y finalmente independizar al conjunto del resto de España.

Todo eso lo alimenta y suscribe el PSOE, una organización ya indigna de su propia memoria que ha decidido inmolarse junto a su lamentable líder con tal de mantener, a duras penas, un poder meramente nominal, deudor de las exigencias de sus aliados e hipotecado por los ultimátum que le trasladan cada cinco minutos.

Cederles ahora Pamplona, la capital imaginaria de la Euskal Herria ficticia en cuyo nombre ETA asesinó a 853 personas e hirió, extorsionó, secuestró u obligó a exiliarse a decenas de miles; culmina la degradación de un proyecto socialista cuyo único objetivo es mantenerse a toda costa, sin pararse a reflexionar en las consecuencias gravísimas que tienen sus concesiones.

Porque entregar Navarra, como amnistiar el golpe institucional de Cataluña, no tiene por contrapartida la pacificación de ambas comunidades ni la aceptación de las reglas constitucionales, como repiten Sánchez y sus cómplices mediáticos; sino el reforzamiento de los planes para llegar a las metas rupturistas que un día, no tan lejano, llevaron a sus promotores a la cárcel, los juzgados y a enfrentarse al Estado de derecho.

La decisión de Sánchez no solo mancilla al PSOE y añade un problema mayúsculo al futuro cohesionado de España, sino que además traiciona la memoria de las víctimas de ETA y otorga una insoportable victoria moral y formal a los terroristas.

Todo aquello por lo que lucharon durante décadas los mejores servidores del Estado, en nombre de un bien mayor que protegieron con sus propias vidas, queda enterrado ahora por la sumisión de Sánchez a las ideas, las personas y las siglas que daban cobijo político a una causa defendida a sangre y fuego.

¿O acaso alguien puede sostener, sin ruborizarse, que los efectos de las decisiones de Sánchez van a obrar el milagro de la renuncia a sus objetivos y la reprobación de sus comportamientos por parte de todos los aliados del socialismo desmemoriado vigente?

La realidad es que Sánchez llegó por primera vez a la Presidencia, mediante moción de censura, con los mismos compañeros de viaje que aceptaron serlo, en exclusiva, para conseguir con la complicidad del Gobierno lo que no lograron por la fuerza, unas veces con bombas, otras con golpes de Estado.

Y desde entonces, no han hecho otra cosa que remitir indecentes facturas a la Moncloa, con la certeza de que todas serán abonadas por un negligente sin escrúpulos que ahora, con la entrega de Pamplona, culmina una degradación personal y política ya irrecuperable.