El desastre migratorio del Gobierno
Sánchez ha logrado a la vez ser señalado por las devoluciones de menores y masificar ciudades con inmigrantes traídos en aviones
El Tribunal Supremo ha vapuleado al Gobierno de España por vulnerar la Ley de Extranjería en el caso de las devoluciones en caliente de cientos de menores que, animados sin duda por las autoridades de Marruecos, asaltaron masivamente Ceuta.
Seguramente a Fernando Grande Marlaska le asistía la razón al ejecutar las decisiones que, obviamente, adoptó o permitió Pedro Sánchez, pero lo hizo sin respetar las normas y contradiciendo, de manera pavorosa, el discurso en la materia del PSOE y la izquierda en su conjunto.
Porque este episodio, unido al de las muertes de 23 de inmigrantes en la valla de Melilla, tras el cual El Debate demostró la entrada en España de 134 personas pese al desmentido inicial del Gobierno, demuestra la hipocresía del PSOE en todas las materias, incluida una tan sensible.
Porque no se puede iniciar una carrera política dando lecciones de humanidad a toda Europa, al permitir la llegada a España del Aquarius cargado de inmigrantes, y rematarla con expulsiones en caliente fraudulentas, víctimas mortales en la frontera y, además, una deportación masiva a la península de miles de personas llegadas ilegalmente a Canarias.
Todo ello junto, aun siendo contradictorio, perfila la desastrosa política de Sánchez en la materia, sin otra brújula que la improvisación y el interés político, que lo mismo le lleva a rechazar a menores que a repartirlos por toda España en vuelos fletados para garantizarse, probablemente, el respaldo parlamentario de Coalición Canaria.
El resultado de tanta negligencia es que España tiene a ministros reprobados por el Supremo por unos hechos lesivos contra los inmigrantes y, a la vez, un Gobierno que los introduce masivamente en ciudades, en auténticos campamentos urbanos sin el conocimiento de las comunidades y ayuntamientos de acogida.
Y sin un plan más allá de satisfacer las exigencias de un socio parlamentario, desbordado con razón por una auténtica invasión insular en la que se mezcla el drama humanitario de los cayucos con el negocio de los viajes organizados por mafias.
Todo ello provoca picos de mortalidad en el mar para quienes viajan con embarcaciones indignas y, también, un efecto llamada insostenible para quienes pueden costearse el billete de las organizaciones criminales que organizan las expediciones, con la insólita complicidad de las autoridades españolas.
No se puede aceptar la inmigración sin regulación, ni por ellos ni por sus comunidades de acogida, y eso es lo que está estimulando Sánchez con su negligencia habitual y unas consecuencias inquietantes: estigmatizar al inmigrante llegado de cualquier manera y sin ningún plan, consolidar el tráfico de seres humanos, deformar su integración, inquietar a sus vecinos forzosos, alimentar el rechazo, incentivar la marginalidad y su derivada delictiva y convertir una oportunidad en un problema.
Que a la vez que genera ese estropicio tengan que ser amonestados por lo opuesto desde el Tribunal Supremo demuestra, con estruendo, la catadura política y la solidez de los principios de un conjunto de irresponsables que improvisan sobre la marcha y siempre manejan las mercancías más delicadas como un burdo cambalache de favores espurios.