Armengol no puede presidir el Congreso ni un minuto más

La trama de las mascarillas es un castillo de naipes en el que Koldo García y José Luis Ábalos parecen unas piezas, las primeras en caer, pero no probablemente las últimas. Porque la pléyade de altos cargos socialistas en distintas administraciones que trabajaron para este auténtico cártel es ya tan larga que amenaza con hacer sistémico el caso para el PSOE.

Es pronto para afirmar que todos o alguno de ellos tiene algún tipo de responsabilidad penal o que incluso participó en los beneficios derivados de las adjudicaciones millonarias a empresas apadrinadas por la trama, sin duda.

Pero no lo es para afirmar, sin ambages, que dedicaron millones de euros públicos a contratar, sin concurso ni competencia, a firmas auspiciadas por altos cargos de su propio partido, lo que en sí mismo ya justifica la sospecha y extiende la responsabilidad política mucho más allá de Ábalos, al que se pretende utilizar de cabeza de turco para cerrar, en falso, la herida.

En esos casos están, como poco, los ministros Illa, Marlaska y Torres, responsables de adjudicar a dedo ingentes cantidades de dinero a unas empresas comisionadas por un compañero de partido, conocido por todos: ni la emergencia que se vivía justifica la ausencia de las comprobaciones más elementales y, mucho menos, la complicidad con tan codiciosos planes, especialmente repugnantes por desplegarse en plena tragedia sanitaria nacional.

En ese capítulo destaca, especialmente, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. No solo adjudicó casi cuatro millones a la empresa hoy investigada por la Fiscalía Anticorrupción, sino que además escondió el defectuoso servicio de mascarillas obtenido a cambio, con un comportamiento inaceptable que la convierte en cómplice de la tropelía.

Y en el colmo de la desfachatez, tal y como ha revelado este periódico, ocultó al nuevo Gobierno balear y a la ciudadanía en general la existencia de una investigación formal sobre unos hechos que, por tanto, le constaban desde hace meses.

Armengol ya debió dimitir cuando, en pleno confinamiento, fue sorprendida a altas horas de la noche en un bar mallorquín, cerrado para el resto de los ciudadanos. Y solo por eso nunca debió ser ascendida por Pedro Sánchez al puesto de tercera autoridad del Reino de España, que maneja, por cierto, con un sectarismo indigno de la magistratura y volcado en exclusiva en atender las necesidades de su promotor.

Que además su nombre aparezca en el centro de un caso de corrupción masiva, con novedades diarias que ponen al PSOE al borde del derribo, resulta incompatible con su continuidad en el cargo.

El Parlamento no puede tener como máxima representante a una política que se saltó las normas impuestas inconstitucionalmente por Sánchez a toda la sociedad. Y que, además, alimentó una red mafiosa nacida en su partido, tapó los desperfectos perpetrados por ella e intentó que nadie se enterara de las diligencias iniciadas para esclarecerla.

La continuidad de Armengol al frente del Congreso es intolerable. Y quizá la del propio Gobierno en su conjunto, viendo la dimensión de un caso aún peor que el de los ERE: enriquecerse a costa de los parados es inaceptable; pero hacerlo sobre los miles de cadáveres que iba acumulando la pandemia es, además, repugnante.