Contra la Prensa, contra los ciudadanos, contra la democracia

Este periódico no ha recibido ninguna demanda ni de Pedro Sánchez ni de su esposa, Begoña Gómez, por la larga lista de informaciones que, según su discurso, formarían parte de esa inexistente «máquina del fango» que difunde bulos dañinos para conspirar contra su Gobierno.

Ambos tendrían todo el derecho a recurrir a los tribunales si consideraran que cualquier contenido daña su reputación, tal y como prevé la legislación española, tanto por la vía civil cuando por la penal: el derecho a la información es un pilar constitucional, sin duda, pero tiene sus límites y han de ser respetados o invocados por quienes piensen que han sido traspasados.

Ni el presidente ni su cónyuge se han defendido, pues, con arreglo a los conductos democráticos, que se enriquecen también por los códigos deontológicos inherentes al periodismo, conocidos y aplicados en la práctica totalidad de la profesión y tutelados, siquiera simbólicamente, por las asociaciones del gremio.

En lugar de eso, que sería lo razonable si creyeran de verdad que algo de lo revelado por los medios de comunicación es falso, Sánchez ha optado por desatar una causa general contra el periodismo independiente, apoyado por quienes, dentro del sector, quedan desgraciadamente fuera de esa clasificación y se limitan a hacer de altavoces sumisos de las estrategias del Gobierno. Impulsando, incluso, repugnantes manifiestos contra el «golpismo mediático y judicial» que les retrata como unos tristes sicarios de un poder con ínfulas predemocráticas.

Acosar a la prensa, saltándose los procedimientos establecidos para replicarla, es una de las estrategias definitorias de los regímenes autoritarios. Y señalar a periodistas en concreto, como ha hecho el PSOE con el director de El Debate, demuestra una pérdida de control ciertamente preocupante.

Huelga decir que esas burdas presiones no lograrán ese objetivo y que la deriva autoritaria de Sánchez contra medios de comunicación y jueces está condenada al fracaso: sus amenazas, recubiertas de cantos a favor de la información rigurosa procedentes de quien más ha mentido e intoxicado la vida pública, chocarán contra el inquebrantable muro constitucional que es el derecho de los ciudadanos a recibir información, en cuyo nombre ejercemos los periodistas de forma delegada para transmitírsela.

Y solo merecen la categoría de medios solventes aquellos que, como RTVE, se han transformado en una vergonzosa plataforma de sus siniestros planes liberticidas, conculcando la misión de un ente público a un precio intolerable para los ciudadanos, tanto económico como político.

Si alguien pervierte las reglas democráticas es Sánchez, un contumaz fabricante de bulos y mentiras que, no por repetidas, son menos falsas. Y si alguien pone en riesgo el ecosistema democrático, es quien se niega a cumplir el mandato innegociable de la rendición de cuentas, acumula sistemáticamente resoluciones contrarias del Consejo de Transparencia, se niega a comparecer si no es en formatos como el monólogo sin preguntas o con preguntas de sus medios de cabecera y, entre tantas tropelías, negocia a escondidas, adopta medidas inconstitucionales e intenta fracturar a una sociedad pacífica con una estrategia de bloques peligrosamente guerracivilista.

La prensa, como cualquier actor del Estado de derecho, puede y debe ser controlada. Por los ciudadanos, para empezar, optando por desechar aquellos productos que le presenten dudas. Y por la legislación, dotada de un amplio catálogo de recursos para evitar sus ocasionales excesos.

Pero solo en las dictaduras el poder administrativo se intenta arrogar un control que no le corresponde y aspira, a silenciar y manipular a los ciudadanos. El Debate, y con seguridad muchos otros medios, no lo permitirán. Evitarlo es un derecho, claro, pero sobre todo una obligación contraída con sus millones de lectores y al fin y al cabo con el conjunto de los españoles.