Contra la amnistía y contra Sánchez es estar a favor de España

Decenas de miles de personas acudieron este domingo a una convocatoria que excedía del ámbito partidista y electoral para adentrarse, simplemente, en la imprescindible respuesta social al asalto a la Constitución que ultima Pedro Sánchez con la inminente aprobación de una Ley de Amnistía simplemente inconstitucional.

Así lo han dicho todos los que, a pesar del esfuerzo del Gobierno por saltarse los controles democráticos previstos por la Constitución, han emitido su fundada opinión legal: los letrados del Senado y de la Comisión de Justicia del Congreso, la Junta de Fiscales, buena parte del Poder Judicial, todas las asociaciones importantes de magistrados y de abogados o la Comisión de Venecia han coincidido, en síntesis, en repudiar o criticar una norma que rompe el principio de igualdad ante la Justicia de todos los españoles, transforma en víctima al delincuente y legaliza de hecho sus delitos a pasado y a futuro.

Porque la amnistía no tiene por objetivo empezar a cero, desde la asunción de los abusos cometidos, la renuncia a repetirlos y la aceptación del marco constitucional: algo que, bien explicado, podría llegar a ser comprendido por la ciudadanía si a cambio se logra una estabilidad rota durante demasiados años.

Al contrario, en este caso refuerza a los delincuentes, consolida sus objetivos, anula sus obstáculos y transforma a parte de las instituciones del Estado en un trampolín de su desafío, que hoy tiene más visos de prosperar que nunca por la legalización y legitimación del llamado «procés».

Los independentistas no han renunciado a nada, sencillamente han cambiado de estrategia para lograrlo: en lugar de impulsar la ruptura unilateral, despreciando la legalidad vigente e imponiendo por la fuerza un nuevo orden a su medida; extorsionan a un líder político que les debe el cargo para que vaya aceptando sus imposiciones y luego intente darles categoría oficial.

Lo que Sánchez está a punto de culminar el próximo día 30, fecha señalada para imponer la Ley de Impunidad en el Congreso e iniciar un incierto camino de aplicación perfectamente revocable, es en esencia un sonoro caso de corrupción política, ética y social.

Porque no hay grandes diferencias conceptuales entre intercambiar un maletín con dinero por una recalificación urbanística y comprar la voluntad de varios diputados para una investidura a cambio de amnistiarlos y alimentar su delirio supremacista.

En esta manifestación, y en todas las respuestas democráticas e institucionales que se impulsen para frenar este nuevo «proceso» desatado por Sánchez contra la España constitucional, debe caber todo el mundo, más allá de su ideología, adscripción y voto.

Porque defender una idea constitucional de España, liberada de extorsionadores minoritarios que solo logran premios por la falta de escrúpulos de un político sin límites, nos concierne a todos. No es una cuestión de izquierdas o de derechas, de jueces o de políticos, de periodistas o de ciudadanos.

Es un reto que compete, sin más, a todo aquel español de bien que recuerde cómo se construyó la democracia desde 1978, cuántos años de prosperidad provocó ese esfuerzo colectivo y quién, cómo y para qué está destruyendo esa espléndida obra sin otro objetivo que su beneficio personal.