Sánchez no regenera la democracia, la amenaza

Lejos de cumplimentar las obligaciones más elementales de un presidente democrático, entre las cuales la rendición de cuentas es prioritaria, Pedro Sánchez se ha echado definitivamente al monte de la involución con un inaceptable anuncio. Nada menos que liderar un «plan de regeneración democrática», esbozado tras su desaparición durante cinco días acuciado por el escándalo de Begoña Gómez y concretado en una complaciente entrevista en TVE, un supuesto ente público convertido en una lamentable plataforma de propaganda del PSOE. Ese plan aspira, en realidad, a coaccionar a la Justicia y a la prensa crítica, con el único objetivo de dotarse de inmunidad e impunidad para zafarse del control que, en una democracia sólida, todos han de tener.

En ninguna situación un dirigente político puede arrogarse la autoridad máxima en ámbitos necesariamente autónomos y plurales. Pero mucho menos cuando existen fundadas sospechas de ilegalidades en su partido y en su propio entorno familiar más íntimo. La veracidad de la información, el control de las infamias, el castigo a los excesos e incluso la rectificación de los errores judiciales ya tienen suficientes herramientas en el Código Penal o el Civil, perfectamente engrasadas para que cualquier ciudadano, incluyendo a Sánchez o a su mujer o su hermano, puedan defenderse de aquello que considere injusto, falso o dañino.

Ninguno de esos recursos ha utilizado el líder socialista ni su esposa, lo que en sí mismo denota una extrema desconfianza en sus argumentos, sustituidos por una cadena de bulos, epítetos y ahora reformas destinadas exclusivamente a protegerse a sí mismo de manera caciquil y autoritaria. Si a todo ello se le añade una nueva ofensiva para asaltar el Poder Judicial y hacer de él lo mismo que el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado, la situación inducida por Sánchez merece ya la calificación de emergencia democrática. Para el secretario general del PSOE solo valen juristas y periodistas extremadamente afines, entregados a una causa sectaria que no admite la réplica ni tolera los contrapoderes.

Y querer legislar de cualquier modo para convertir en norma ese delirio, es un ataque a los fundamentos de la democracia que se debe combatir. Desde el Poder Judicial, desde luego, otro también desde Europa, las federaciones de la prensa y la propia ciudadanía.

Lo que Sánchez debe hacer es dar explicaciones urgentes y detalladas sobre su pareja, su hermano, su partido y sus compañeros del PSOE, todos implicados en causas judiciales y bochornos económicos que, como poco, merecen un examen exhaustivo y no una amnistía que incluye la coacción a quienes buscan la verdad o castigan los delitos.