Valor de Ley

Aunque el título lo sugiere, al ser la traducción española de un western, no vamos a hablar de cine. Y eso que lo que estamos viviendo en España es la puesta en escena de un guion que comenzó a escribirse con el gobierno que salió de las urnas tras los gravísimos atentados de marzo de 2004, y tras un interregno de gobiernos posteriores, que ni vieron ni reaccionaron a acontecimientos que claramente respondían a una estrategia de transformación de la sociedad desde posiciones que imponían pautas de comportamiento político extra constitucionales.

Valor de Ley es lo que define a nuestra Constitución de 1978, que se afirma a sí misma, como la norma suprema, que puede exigir cuentas a todos los poderes del Estado.

Y esta superioridad supone una garantía de estabilidad porque los constituyentes españoles de 1978 quisieron conferir a su obra un carácter normativo y vinculante, lejos, por tanto, de considerarla con un valor meramente político.

Siendo esto así, el carácter normativo de la Constitución es lo que nos obliga, como comunidad política, a valorar lo que tenemos y reaccionar contra imposiciones partidistas y sectarias de un gobierno, nacido del apoyo de unos grupos políticos cuyo objetivo declarado es socavar la pervivencia de unos valores democráticos constitucionales solemnemente proclamados, fruto de las grandes decisiones políticas del pueblo español.

Sin retrotraernos en demasía en el tiempo, ante las tentaciones de concentrar el poder por este gobierno, oímos con frecuencia que España está avocada a convertirse en un país a imagen y semejanza de regímenes que han aniquilado a la sociedad, como Argentina y Venezuela, con los fenómenos políticos del kirchnerismo y el chavismo.

Y lo que te dicen quienes conviven en esos países, con toda claridad y rotundidad, es que lo vivido por ellos no es sino una falta de reacción contra la experiencia de 'perversión del sistema jurídico y político' vivida, sobre todo por no valorar en su momento lo que perdían como ciudadanos y sociedad, al dejarse conducir o guiar a lo que el grupo dirigente imponía como la 'verdadera' democracia, esto es, que el Gobierno haga lo que el pueblo quiere.

Y en verdad lo que estaba tras el ardid era el paso de la democracia (poder del pueblo) a la demagogia (manipulación del pueblo).

No me voy a extender en lo que han sido esos regímenes políticos, disfrazados como repúblicas constitucionales, con un partido arrogándose el papel de eje vertebrador de la sociedad, y acaudillados por personajes a los que exageraban su carácter de líder para mantener su autoridad.

Ahora bien, la experiencia vivida en esos países nos obliga como sociedad a tener una actitud fundamental en valorar lo que tenemos, para ser conscientes de lo que nos jugamos y podemos perder, y así reaccionar ante los demenciales episodios que está protagonizando el gobierno actual y su presidente tanto en política interior como exterior

Y lo que nos jugamos es el Valor de Ley de nuestra Constitución que nos asegura la pervivencia de un sistema jurídico y político que garantiza como valores superiores del ordenamiento jurídico «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1.1), que vinculan a todos los poderes públicos, sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como específica el artículo 9.1; y protege los «derechos fundamentales» que son fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1) y que como tales también vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1), y, por tanto, a jueces y tribunales «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» (artículo 117) .

Este es el primero y más importante reto que la sociedad española tiene ante así: reivindicar que el régimen constitucional nacido de 1978 –estable y permanente dentro de la fugacidad histórica– es el que sirve de fundamento al sistema político, y confrontar con un régimen político que en ningún caso es fundamento del sistema constitucional.

El valor de Ley de la Constitución es el garante frente al grupo dirigente que en vez de orientarse al bien común o interés general, se orienta hacia su propio interés, y para realizarlo fuerza a la sociedad a que se someta a proyectos que no dejan de ser una formulación retórica e ideológica. Al hacer esto crea una situación como la que estamos viviendo de injusticia estructural. Y ahí están los casos de la Ley de Amnistía; de instrumentalización partidista de las instituciones del Estado; la politización de una Hacienda Pública que despilfarra los recursos públicos bien sea al servicio de leyes ideológicas bien a promocionar a élites corruptas regionales, y todo ello a costa de confiscar la riqueza privada; las amenazas a la prensa; la presión y señalamiento a los jueces; y los conflictos con naciones a las que nos une una arraigada relación en el tiempo.

La idea en la que ha de concluir nuestra reflexión es sencilla: cuando un grupo como el que nos gobierna deja de ser dirigente, la ideología que distribuye ya no sirve para proyectar su poder. Y está en nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, poner en valor la Constitución y lo que representa, y como electorado elegir a unos representantes que cumplan su función, que es representar la unidad de la nación española y la solidaridad entre regiones, que son fundamento de una Constitución que debemos preservar por su valor de Ley.